Guanajuato, Gto., 4 de junio.- A nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la diputada Cristina Márquez Alcalá presentó una Iniciativa con proyecto de Decreto mediante el cual se crea la Ley Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Guanajuato y deroga el artículo 264 del Código Penal del Estado de Guanajuato
Márquez Alcalá señaló que la tortura “es esa conducta innecesaria, injustificable e ilegal que cometen aquellos servidores públicos y aquellos particulares que sean sus cómplices para, utilizando cualquier pretexto: el de una investigación judicial, el de obtener información, el de extraer una confesión, castigar, intimidar o coaccionar, busquen disminuir o anular la capacidad de la víctima, ocasionarle sufrimiento físico o psíquico o incluso realizarle “procedimientos” médicos o científicos sin el legítimo consentimiento para llevarlos a cabo”.
Refirió que, durante muchísimos años, estas conductas se convirtieron en un secreto a voces dentro del sistema de justicia en todo el país, “y prácticas como las del “tehuacanazo” se volvieron parte del discurso cotidiano de una sociedad que trágicamente se acostumbró a ver a sus autoridades más como una amenaza que como un respaldo, y esa es una brecha que todavía permanece bajo la superficie en amplios sectores de nuestro país, lo que dificulta la colaboración y la confianza en las instituciones, que es indispensable para ganar la lucha contra la delincuencia organizada”
Dijo que se debe reconocer que, en las últimas décadas, las instituciones y las leyes de nuestro país se han transformado de forma muy importante, primero para aceptar la existencia del grave problema de la tortura, y luego para tomar las medidas que permitan resolverlo.
Márquez Alcalá precisó la iniciativa pretende atender la necesidad de contar con marco normativo adecuado, a través de una Ley breve, pero efectiva, que establezca las bases de la coordinación entre las autoridades a nivel estatal y municipal en materia de los delitos de tortura, tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes; además de establecer las medidas específicas de atención, asistencia, y reparación integral en beneficio de las Víctimas.
La nueva ley explica las obligaciones y facultades de la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura, la cual dispondrá de plena autonomía técnica y operativa, además de personal especializado, incluyendo Ministerios Públicos, policías, servicios periciales y técnicos, que deberán estar actualizados en cuanto a investigación criminal y uso adecuado de la fuerza.
La Fiscalía Especializada coordinará el Registro Estatal del Delito de Tortura y contará con el apoyo de las autoridades estatales y municipales, para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, la ley contempla que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y los Ayuntamientos emitan programas de prevención del delito de tortura, describe el derecho de cualquier persona privada de su libertad a ser examinada por un perito médico o psicológico de su elección, y refrenda el compromiso de que las autoridades aseguren la reparación integral del daño a las víctimas cuando el delito sea cometido por sus servidores públicos o por particulares autorizados por ellos.
La diputada Márquez Alcalá refirió que la propuesta asigna obligaciones a la Fiscalía General, las Instituciones Policiales, del Sistema Penitenciario y demás órganos de la administración pública, en materia de acciones que garanticen la capacitación continua de los funcionarios y el funcionamiento de programas orientados a las víctimas de tortura, en cuya atención participará la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, brindándoles medidas de ayuda, asistencia y atención.
Deroga además el artículo 264 del Código Penal del Estado de Guanajuato, que se refiere al delito de tortura, ya que este ahora se encuentra contemplado directamente en la Ley General Para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
“Todo ello, en cumplimiento de un fundamental deber de justicia, la cual solo es posible cuando las autoridades que han asumido el compromiso de procurarla se ajustan a trabajar en el marco de la ley, porque no se puede defender la legalidad cuando se rompe la ley y el compromiso fundamental con los derechos humanos”, concluyó.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen
