Guanajuato, Gto., 26 de mayo de 2022.- A fin de garantizar la prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas sin seguridad social, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato.
Al dar lectura a la exposición de motivos, la diputada Martha Guadalupe Hernández Camarena señaló que ante los cambios estructurales aprobados en materia fiscal 2021, respecto a las prestaciones de servicios de salud para todas aquellas personas que no cuenten con la seguridad social en la entidad, y dado que tenían temporalidad anual, era necesario modificar la norma en la materia para que la gratuidad de los servicios de salud se refleje en la legislación, y con ello dar permanencia a la protección y garantizar el acceso de manera gratuita a ese derecho.
Afirmó que era precisó que en Guanajuato se tomaran medidas legislativas para garantizar la gratuidad de servicios de salud, ya que de acuerdo con datos del INEGI un millón 275 mil 190 guanajuatenses no se encuentran afiliados a instituciones prestadoras de servicios de médicos.
“Es preciso dotar de instrumentos normativos que garanticen a quienes carecen de sistema de protección, la seguridad de que el Estado proporcionará los servicios médicos correspondientes, e incluso los medicamentos que requieran en beneficio de su bienestar”, enfatizó la legisladora.
Hernández Camarena indicó que con la propuesta se realizan actualizaciones normativas para la homologación de disposiciones con la legislación federal y reformas que pretenden la definición de atención médica integral.
Asimismo, dijo que la reforma establece principios para garantizar la prestación de servicios médicos bajo criterios con un enfoque de derechos humanos, por lo que se definen los servicios públicos a la población en general para indicar que corresponden a los que se presten en establecimientos públicos de salud a las personas que se encuentren en el estado que así lo requieran, regidos por criterios de universalidad, igualdad e inclusión y de gratuidad al momento de requerir los servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados.
Para concluir, la congresista subrayó que el Estado debe garantizar la prestación de servicios de protección a la salud para toda la población como parte de una política pública basada en principios de equidad, igualdad y justicia.