Proponen ampliar plazos para apelación en los juicios en materia familiar

Diputada Ruth Tiscareño, integrante del Grupo Parlamentario del PRI. Foto: Especial

Guanajuato, Gto., 2 de junio de 2022.- Con el objeto de ampliar el plazo de cinco a diez días para que sea interpuesta la apelación, en los asuntos en materia familiar, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato.

Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia manifestó que no todos los juicios que se ponen en conocimiento de los juzgadores pueden ser resueltos con cierta facilidad, es decir, cada una de las causas involucran una particularidad que los distingue de otros.

En ese sentido, precisó que cuando una causa familiar llega a la sentencia, la mayoría de las veces se avoca a la resolución de casos que involucran cierta dificultad y una vez que esa se emite, el justiciable tiene el derecho de interponer el recurso de apelación, mismo que es de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente de en qué surte efectos la resolución a combatir.

“Este plazo, se considera corto, es decir, insuficiente para que, ante una sentencia que resuelva diversas cuestiones que le fueron puestas en consideración al juzgador, el justiciable pueda tener acceso a un recurso judicial efectivo y de manera paralela a una defensa técnica y adecuada”, enfatizó la congresista.

Tiscareño Agoitia mencionó que se busca garantizar para los justiciables un tiempo razonable para interponer el recurso de apelación, únicamente por lo que hace a las sentencias definitivas que emita el juzgado de partido especializado en oralidad familiar.

Lo anterior, subrayó, bajo el sustento de que esa ampliación de término beneficia a los justiciables para que analicen las cuestiones que se han establecido en la resolución judicial a combatir, donde se suelen involucrar derechos que impactan en el interés superior de los menores, así como cuestiones económicas que recaen en la esfera jurídica de las partes.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.