Guanajuato, Gto., 6 de marzo de 2025.- Con la finalidad de establecer un medio de control constitucional que permita a los ciudadanos reclamar las violaciones a sus derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma a la norma.
Hizo uso de la tribuna la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, quien dio lectura a la exposición de motivos de la propuesta, y comentó la Constitución es la ley fundamental de un Estado, lo que presupone que para hacer valer su contenido se requiere de medios de control que permitan que, ante su inobservancia o violación, los destinatarios de su contenido respeten y cumplan con su contenido.
Precisó que hablar de control de constitucionalidad admite pensar un conjunto de actos y procedimientos que se siguen ante un órgano jurisdiccional o poder público del Estado, los cuales tienen la tutela del principio de supremacía constitucional.
“La presente iniciativa, pretende implementar en nuestro Estado, el medio de control constitucional que corresponde al Juicio de Amparo local, el cual permitirá que todo ciudadano guanajuatense que estime violentado sus derechos reconocidos en la Constitución de nuestro Estado de Guanajuato pueda acudir ante un tribunal jurisdiccional local a solicitar el amparo y la justicia estatal”, precisó la congresista.
Abundó en que el citado esquema de protección local permitirá avanzar en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, y en dotar de importancia en su forma y contenido a la Constitución Política local que, reconoce derechos fundamentales y regula la operatividad de los Poderes del Estado.
Tiscareño Agoitia indicó que, si la Constitución local establece medios de control constitucional y la legislación local en materia electoral también lo realiza para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, era evidente que se puede constituir un nuevo medio de control que proteja los derechos fundamentales de las personas guanajuatenses en un sentido más amplio.
Remarcó que, el reconocimiento y protección de los derechos fundamentales a nivel estatal ha evidenciado que el simple hecho de contener un apartado dogmático en las constituciones no garantiza la eficacia y vigencia de éstos, por lo que resultaba indispensable diseñar esquemas de defensa en los que se pueda garantizar una restitución o reparación adecuada, que sea igual o proporcional al daño efectuado, según sea el caso.
Finalmente, la legisladora argumentó que se pretende establecer la competencia del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia para conocer de la acción de protección efectiva de derechos, misma que se interpondrá para reclamar la violación a los derechos previstos en la Constitución local.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.
