Guanajuato, Gto., 9 de junio de 2022.- Que organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) puedan denunciar violaciones ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) cuando una persona afectada, por el motivo que sea, no interponga la queja correspondiente, es el espíritu de una iniciativa del diputado Gustavo Adolfo Alfaro.
En su exposición de motivos, explicó que, aunque el artículo 33 de la Ley para la Protección de los Derechos Humanos establece que “toda persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos”, es necesario “que se plasme de forma expresa” que las OSC también pueden hacerlo.
“Consideramos que la posibilidad de denunciar por parte de las organizaciones de defensa de los derechos humanos debe estar plasmado en la ley en forma expresa, a efecto de lograr constituir, en el procedimiento de investigación de denuncia en derechos humanos, el interés legítimo”, abundó.
De hecho, la iniciativa consiste en adicionar un párrafo al citado artículo a fin de que en dicha norma quede establecido que las OSC “legalmente constituidas, cuyo objeto principal sea la defensa de los derechos humanos, podrán acudir ante la Procuraduría para denunciar presuntas violaciones de derechos humanos”.
Sostuvo que la idea es que las OSC que estén en condiciones de intervenir ante la Prodheg puedan garantizar que la denuncia tendrá el respaldo y la seriedad necesaria para iniciar un procedimiento de investigación por parte de la Procuraduría.
“Esta inclusión debe estar impulsada por el espíritu genuino y real de la defensa de los derechos humanos de las personas y que no sea motivada por otros aspectos, como políticos o de cualquier otro interés”, añadió el legislador del GPPRI.
De ser aprobada su iniciativa, si “por temor, ignorancia o cualquier otra circunstancia” una persona a la que vulneraron sus derechos decide no interponer una queja, podrá hacerlo una OSC a efecto de que la Prodheg inicie una investigación.
Alfaro Reyes destacó que, “con ello”, las OSC “se convierten en garantes de la impunidad en materia de derechos humanos y se fortalece el estado democrático de Derecho”.
