León, Gto., 5 de marzo.- La diputada María Magdalena Rosales Cruz y el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrantes del grupo parlamentario de Morena, presentaron una iniciativa de reforma la Código Penal con el objeto de despenalizar la interrupción del embarazo, buscando que las mujeres guanajuatenses tengan el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos sin ser criminalizadas.
Al dar lectura a la exposición de motivos del documento, la congresista María Magdalena Rosales Cruz manifestó que las mujeres en México no han podido obtener un derecho básico como lo era el derecho a decidir sobre su propio cuerpo.
Señaló que la interrupción del embarazo en el país, a excepción de la Ciudad de México y Oaxaca, se encuentra dentro de la ilegalidad por lo que, al año, miles de mujeres morían en hospitales clandestinos para poder extraer fetos de que no deseaban.
“La interrupción legal del embarazo debe ser entendida como la terminación del mismo, realizado por profesionales de la salud capacitados, que aplican técnicas médicas y fármacos adecuados, en condiciones higiénicas y en términos y plazos permitidos”, enfatizó Rosales Cruz.
La legisladora apuntó que lo que se pedía era que el Estado garantizara que la mujer que decida llevar a cabo el proceso de interrupción del embarazo lo haga dentro de la legalidad, aunado a que debe llevarse a cabo dentro de los centros de salud, ya que la mayoría de las mujeres en el país no pueden costear un tratamiento de ese tipo en un hospital privado.
Asimismo, precisó que en 2017 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública posicionó a Guanajuato en el quinto lugar nacional con más abortos, al registrar 28; sin embargo, el INEGI arrojaba que en ese año 1,642 mujeres guanajuatenses se realizaron un aborto.
También dijo que a las 12 semanas el feto no contaba con un sistema nervioso desarrollado por lo que los argumentos de que el feto sentía eran una falacia. En ese sentido, puso de Ejemplo a Estados Unidos de América donde, afirmó, las mujeres pueden aborta hasta que el feto pueda subsistir fuera del útero; mientras que en España se puede realizar a las 14 semanas y alargarlo hasta las 22 si existen anomalía en el feto.
“Mantener la interrupción del embarazo de forma clandestina no ayuda a mantener las dos vidas, sino a poner en riesgo a la única que realmente es ser humano. Se está coartando el derecho de algunas a decidir por la ideología de muchos otros, y los derechos son universales no de unos cuantos”, subrayó.
