Guanajuato, Gto., 18 de marzo de 2024.- A nombre del GPPAN, el diputado local Aldo Márquez presentó una propuesta de punto de acuerdo, a fin de exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, precise y transparente las causas de fuerza mayor por las que se cancelaron las licitaciones para mantener y conservar las carreteras.
Además de conocer la razón por la que se reservaron los recursos del Programa Presupuestario «K-032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras» del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, y a qué rubros programáticos fueron reasignados dichos recursos.
Al hacer uso de la tribuna, el legislador recordó que en febrero de 2024 se hizo público que por órdenes de la SHCP el programa de mantenimiento y conservación de las carreteras federales se cancelaba para el presente año, lo cual implica que la red carretera federal comprendida de 42 mil kilómetros de vías libres de peaje, quedará sin las obras de señalización, reencarpetado, bacheo, deshierbe, limpieza de cunetas y alcantarillado, barras de protección y revisión de puentes.
Comentó que los 11 mil millones de pesos que fueron autorizados por el Congreso de la Unión para el mantenimiento y conservación de carreteras, serán reasignados a otros gastos y rubros del gobierno federal, sin que se diera a conocer el nuevo destino de dicho recurso.
Aldo Márquez señaló que, a consecuencia de la cancelación referida, se asignaron las tareas de mantenimiento de las carreteras federales a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que demuestra que el proceso de militarización de la actividad pública de México va aumentando a un ritmo alarmante.
“El daño es doble, por un lado, las Fuerzas Armadas acrecientan su participación en las tareas de infraestructura del país, y por otro lado, el sector de la construcción se ve afectado pues se le margina y se propicia un debilitamiento de un importantísimo motor económico. Además, se advierten que existen posibles consecuencias negativas en la calidad de la infraestructura y el empleo”, lamentó.
La propuesta se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.
