Guanajuato, Gto., 29 de septiembre de 2026.- Los cobros arbitrarios y los abusos al momento de remolcar un vehículo tras una infracción vial podrían tener los días contados en el estado de Guanajuato. En el Congreso Local, la Comisión de Seguridad Pública analiza una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad que busca proteger el bolsillo de las y los conductores y garantizar reglas claras en el servicio de grúas.
La propuesta, impulsada por la bancada del PRI y discutida en mesas de trabajo coordinadas por el diputado Alejandro Arias, establece que los automovilistas sancionados tengan el derecho de elegir el proveedor de grúas de su preferencia o decidir quién traslada su vehículo al depósito o corralón. Con esto se busca evitar las tarifas excesivas impuestas de manera unilateral por concesionarios y autoridades.
Para hacer uso de este derecho, los conductores deberán cumplir con dos condiciones básicas: no encontrarse bajo los efectos del alcohol o sustancias nocivas, y que la infracción cometida no esté vinculada a la comisión de un delito.
Asimismo, la iniciativa aclara legalmente que el servicio de grúas debe clasificarse como de “arrastre y salvamento” y no de carga, definiendo con precisión sus alcances para evitar vacíos jurídicos. Para asegurar su cumplimiento, se contempla que cualquier funcionario o autoridad que ignore o viole estas disposiciones sea sancionado conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Durante el análisis del proyecto —en el que participaron representantes del Gobierno del Estado, las Secretarías de Gobierno y Obra Pública, así como la Consejería Jurídica—, el equipo asesor del PRI enfatizó que la regulación busca resolver una problemática social recurrente derivada de la falta de normas transparentes. Además, se precisó que esta reforma no invadirá las competencias de los municipios.
En la misma jornada de trabajo, la comisión revisó otras dos iniciativas legislativas orientadas a la armonización de la Ley del Sistema de Seguridad Pública con la normativa federal y al fortalecimiento de la mejora regulatoria estatal.
