En el pasado año 2017, el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, la Universidad de las Américas Puebla y la UDLAP Jenkins Graduate School realizaron la obra denominada Índice Global de Impunidad, el cual mide a nivel global el numero de delitos que son castigados, pero con una visión mas amplia, al analizar la capacidad estructural o instalada, así como la funcionalidad, de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos.
Esta obra es importante, porque permite medir de una forma mas amplia el fenómeno de la inseguridad desde la perspectiva de los delitos cometidos, pero sobre todo, el castigo que los mismos reciben, pero sin perder de vista el andamiaje que lo sostiene, y sobre todo, las consecuencias del fenómeno delictivo, pues a final de cuentas, un delito se traduce en afectación de vidas, salud, patrimonio, entre otros bienes jurídicos.
En ese Estudio, México se posiciona en la cuarta posición de los países con mas impunidad en el mundo, solo por debajo de Camerún, India y Filipinas; y a nivel estructural, nuestro sistema de seguridad alcanza el lugar 22, y el de justicia, el 8vo.; a nivel funcional, Seguridad logra la posición 21, y justicia el lugar 16; recordando que son posiciones que nos ubican entre los menos efectivos a nivel global.
La impunidad, es decir, la posibilidad de cometer un ilícito y no recibir un castigo, es piedra angular del sistema de seguridad, si bien la prioridad debe ser la prevención, es decir, que los hechos no ocurran, en nuestro país la estructura de seguridad esta volcada en disuadir, enfrentar, perseguir y castigar el delito; bajo este parámetro, estamos haciendo una inversión mal dirigida, no estamos logrando reducir la impunidad.
La semana pasada, el Fiscal General del Estado rindió su primer informe bajo esta nueva figura, aunque el y su equipo no sean nuevos en la responsabilidad, en dicho informe se busca cumplir con lo que la ley le obligo en la materia, y da cuenta de cómo ha dirigido el cambio estructural y posteriormente da las cifras que nos interesan: 164,503 carpetas de investigación iniciadas, de las cuales reporta que el 9%, es decir 14,970 fueron judicializadas, es decir, se encontraron los elementos para iniciar formalmente la acusación ante una autoridad jurisdiccional, el problema de ese 9% es que topa con otro numero, el INEGI a través de su encuesta ENVIPE 2019, señala que en Guanajuato solo se denuncian 5.9 delitos de cada 100 que suceden, es decir, en realidad ocurrieron 1,546,328.2 delitos, solo se denuncio el 5.9% de los delitos que sucedieron en la calle, por lo que llevar solo 14,970 ante un juez, equivale a solo el 0.96%, es decir, ni el 1% de los delitos son llevados ante un juez.
Ahora, llevarlos ante un juez no equivale a castigo, a una sentencia, de esas 14,970 carpetas llevadas ante un juez, 1,408 se resolvieron mediante proceso abreviado, es decir, donde el acusado reconoce la culpa y acepta la sentencia, además llevaron 380 casos a juicio oral, de los cuales obtuvieron sentencias condenatorias en 276, por decirlo de alguna forma, “ganaron” el 72% de los asuntos que llevaron ante un juez, un numero importante sin duda, pero que en una visión amplia de estos números, si el juicio oral es la pauta ultima del sistema de justicia penal, solo llegan a juicio 0.024% de los delitos, y en el mismo parámetro, solo son sentenciados 0.017% de los inculpados bajo este supuesto.
Las cifras son malas?, depende, no obviamos decir que llevar 14,970 carpetas ante un juez es un numero importante a nivel nacional, el mismo índice que referimos al inicio, realizo un estudio en México en 2018 en el cual nuestro Estado se encuentra entre los mejores del país, además me gustaría resaltar que muchas carpetas, el 21% de las 164,503 iniciadas, son remitidas a los mecanismos alternos de resolución de conflictos, y una vez ahí, el 61% llega a un acuerdo, por lo que se debería impulsar mas este mecanismo.
Mucho mas podría extenderme en este tema, pero el espacio es breve, creo que la Fiscalía General del Estado tiene mucho que hacer para mejorar los números, efectivamente como lo ha referido el Fiscal, a el no le toca evitar los delitos, pero si perseguir y llevar a castigo, y al lograr eso, claro que incide en la seguridad, pues el castigo efectivo reduce el numero de reincidentes que cometen muchos mas delitos, pero sobre todo, manda el mensaje a la ciudadanía, de que el que la hace la paga, o al menos, esa debería ser la idea, pues es la esencia del sistema penal en su conjunto.
