AGENCIAS.- El 80% de los programas sociales implementados por el gobierno federal no sirven, pero eso no impedirá que se les asigne más de la mitad del dinero destinado a combatir la pobreza, de acuerdo con expertos.
“Podemos acreditar por medio de evidencia que produce el gobierno federal que solamente 2 de cada 10 programas sociales tienen capacidad de poder resolver el problema público para el cual fueron creados, y esto es porque están mal diseñados, incumplen metas o tienen una cobertura inadecuada de la población que dicen que van a atender”, señaló Alfredo Elizondo, coordinador del programa de Iniciativas Estratégicas de la organización Gestión Social y Cooperación (Gesoc).
“Los otros ocho programas o tienen problemas en su desempeño o son programas que se implementan en la opacidad. Estos concentran el 55% del presupuesto que se les asigna a este tipo de programas”, agrega el experto.
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), a cargo de Luis Enrique Miranda Nava, busca tener para el próximo año 100 mil 958 millones de pesos para entregar ayuda a través de 14 programas.
“Para 2017 hablamos de un total de 149 programas que representan una bolsa de 875 mil millones de pesos. Esto es casi el 25% del gasto público programable previsto para 2017 y para 2018 se está previendo un aumento a 895 mil millones de pesos, un crecimiento del 2.3% mientras la previsión de inflación es de 3%”, indicó.
Con respecto a los tres primeros años de esta administración, donde se siguió la inercia para la política de desarrollo social a nivel federal –aunque en 2016 se reestructuró el gasto federal con base cero–, el gobierno logró reducir de 250 a 149 programas sociales. Aún así, la administración federal “no logró modificar el comportamiento de estos programas”, pues “estos 8 de cada 10 que no sirven se mantienen independientemente de la restructuración”.
Y esto puede deberse, sugiere Elizondo, a una lógica electoral.
“Es muy curioso que en este año, por el contexto electoral y la reconstrucción, vemos que para la Secretaría de Cultura, a la cual se le acreditan siete programas de desarrollo social, se prevé que su presupuesto aumente 62.3% para 2018 con respecto a lo aprobado el año pasado”, dice.
“Sin embargo, para el programa Prospera apenas se está previendo un aumento de 0.5% y para el Seguro Popular de 0.4%, la pensión de adultos mayores del 1% y en programas como la atención a la salud del ISSSTE mas bien se pronostica un recorte de 8.4%”, agrega el experto.
“Vemos claramente cuáles son las prioridades del gobierno en programas sociales. Mientras los programas de la Secretaría de Cultura, que se caracterizan por tener bajos niveles de institucionalidad, es decir, reglas de operación que no son tan claras ni que transparentan sus recursos, tendrán más dinero que otros que tienen fines de cobertura más amplios”, añade.
De acuerdo con el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales (INDEP) 2017, la evidencia muestra que existen 44 programas que poseen niveles de desempeño mejorable o escaso, para los cuales el Ejecutivo Federal propone una asignación presupuestaria conjunta por 312 mil 059 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2018. Estos programas son idóneos para que el Congreso condicione su asignación presupuestal a resultados.
Pero los malos resultados del gasto público no se reducen a desarrollo social, sino también al campo.
“No encontramos un impacto del presupuesto en el comportamiento agropecuario”, advierte Héctor Robles, investigador de la UAM.
De acuerdo con datos recabados por el especialista en temas sobre el campo mexicano, en los últimos años, ha existido una tendencia contradictoria: cuando el presupuesto iba para arriba, la balanza comercial era negativa; y cuando el presupuesto va a la baja, la balanza es positiva. De este modo, señala, no hay una correlación entre el dinero que se invierte en el campo y los resultados que genera para el país.
“En el caso del ingreso, midiendo la pobreza, hemos encontrado que no hay una relación entre el crecimiento del presupuesto social, de salud y educación y la mejora en las condiciones de pobreza””, explica.
En contraparte, los apoyos productivos han sido prácticamente acaparados por los estados del norte del país.
“El presupuesto para el campo, especialmente en la parte productiva, beneficia a un conjunto de estados del norte del país. No hay una relación entre el número de productores en esos estados y los recursos. Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, son estados altamente beneficiados por el presupuesto y no corresponde al número de productores. Mientras los estados del centro y sur, prácticamente no tienen, o reciben subsidios de la parte social. Dividimos al país en dos”, indicó.
