Ciudad de México, 14 de julio de 2025.- Este lunes la Senadora Martha Lucía Mícher Camarena, en su calidad de presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, encabezó una reunión de trabajo con representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil para abordar los avances de la agenda legislativa feminista en México.
En la reunión con la Comisión para la Igualdad de Género, legisladoras y activistas plantearon los retos legislativos en nuestro país para lograr que mujeres y niñas no se enfrenten a la discriminación, ejerzan sus derechos en plenitud y vivan una vida libre de violencia.
“Les agradezco su presencia, sus aportes y sus discusiones. Avanzaremos en la agenda feminista para sacar adelante estos temas prioritarios. El objetivo es mantener un diálogo constante para escucharlas y construir en conjunto una ruta para la igualdad, la no discriminación y una vida libre de violencias para las mujeres y niñas”, señaló la Senadora Martha Lucía Mícher Camarena, quien reafirmó su compromiso
con los derechos de las mujeres y enfatizó la importancia del diálogo circular con representantes de la sociedad civil organizada para fortalecer y ampliar las herramientas legislativas con el fin de lograr la igualdad sustantiva.
Por su parte, las representantes feministas de la sociedad civil organizada coincidieron en la importancia de este tipo de encuentros, en los que el poder legislativo entabla diálogos con activistas para conocer las necesidades y demandas de las mujeres, así como para profundizar en los temas urgentes sobre los cuales se debería legislar.
Esta reunión deriva de los compromisos asumidos por el Estado mexicano en el Décimo Informe presentado ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los cuales nos convocan a fortalecer el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres.
Las representantes de las organizaciones civiles presentaron propuestas legislativas para garantizar que mujeres y niñas vivan una vida libre de violencia y ejerzan sus derechos sin discriminación.
Estas iniciativas buscan asegurar que las mujeres y niñas del país ejerzan su autonomía económica, política y física en plenitud, garantizando la integración de las mujeres en el ámbito económico, asegurando la participación de las mujeres en las instancias del poder político en igualdad de condiciones, y construyendo un entorno que no ponga en riesgo la integridad física de las mujeres.
En la reunión participaron integrantes de las organizaciones Grupo de Acción Social; Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddser); Nosotras para Ellas; Las del Aquelarre; Red Nacional de Alertistas; Aliadas por la Igualdad y No Violencia Sexual; Católicas por el Derecho a Decidir; Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE); Global Alliance on Media and Gender (GAMG); Laboratorio Feminista de Derechos Digitales; Equality Now; Cátedra UNESCO; Red Nacional de Formadoras y Defensoras de Derechos Políticos Electorales; Mujeres Afromexicanas en Movimiento (MUAFRO); Mano Amiga de la Costa Chica; Afropoderosas; y Colectiva de Madres Contra la Violencia Vicaria.
Las activistas feministas abordaron temas urgentes como el acecho sistemático contra las mujeres; la violencia ginecobstétrica; la violencia digital; el uso de inteligencia artificial con perspectiva de género; el cambio climático y su impacto en las mujeres; productos de gestión menstrual como derecho y no como un lujo; condiciones fiscales con justicia para las mujeres; y el reconocimiento de los derechos de las mujeres afromexicanas.
También fueron puestos sobre la mesa temas importantes como el trabajo digno y los cuidados; la violencia por orientación sexual e identidad de género; el uso de datos desagregados por sexo para legislar con claridad; la delimitación de la objeción de conciencia para garantizar servicios de salud relacionados con la Interrupción Legal del Embarazo; la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; la lucha contra el feminicidio; y la armonización legislativa y la garantía del reconocimiento del derecho a decidir.
