León, Gto., 18 de julio de 2022.- Integrantes Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, presentaron una queja ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato (PDHG), por los señalamientos realizados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien afirmó contar con material íntimo de las legisladoras federales del PRI.
Con dichas afirmaciones emitidas por la titular del Ejecutivo Estatal de aquel Estado se ejerció violencia política en razón de género, además de afectar los derechos humanos, con misoginia y violentan la dignidad de todas las mujeres priístas de la Cámara Alta.
La presidenta del CDE, diputada Ruth Tiscareño Agoitia en compañía de la titular de la Unidad para erradicar la Violencia Política en Razón de Género del CDE, Elsa Jazmín Villanueva Rodríguez y la representante del PRI ante la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres en el IEEG, Karen Guerra Ramírez además de un grupo de mujeres priístas, acudieron a la PDHG a interponer la denuncia correspondiente. La queja quedó consignada con el número de expediente 3-20220715-1-6985.
Las mujeres priístas de la entidad, entregaron la queja al ombudsman de la entidad, Vicente Esqueda Méndez, a quien explicaron su origen y motivo. Además de evidenciar que también se ejerció violencia mediática, institucional, violaciones directa y fehacientes los derechos fundamentales de las diputadas priístas.
“Solicitamos una investigación pronta y eficaz que lleve a la identificación y enjuiciamiento de los posibles responsables de violaciones a sus derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos. Requerimos al organismo realizar las investigaciones necesarias por la posible obtención ilegal de material fotográfico privado, pues representa una grave violación a nuestros derechos como mujeres y servidoras publicas”, se expuso.
Dentro de la demanda se solicitó la eliminación del video de los sitios oficiales de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, donde menciona la existencia de fotos de diputadas desnudas; además prohibir la continuidad de manifestación en la materia de la violencia en contra de las suscritas; la prohibición de continuar ejecutando actos de violencia mediática o digital que afecten a las suscritas; la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido y la limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre.
También se exige la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos y las que sean necesarias para salvaguardar la integridad, la seguridad y la vida de la persona en situación de violencia.
Finalmente, se mencionó que la gobernadora de Campeche, cometió los delitos federales de violencia política en razón de género, violación a la identidad sexual agravado, violencia mediática y digital y se prevé también la existencia del delito de amenazas previsto en el artículo 282 del Código Penal Federal.
