Plantean reformas en materia de rectificación de actas de personas trans

Diputada Dessire Ángel Rocha, representante parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Foto: Especial

Guanajuato, Gto., 07 de octubre de 2021.- La diputada Dessire Ángel Rocha representante parlamentaria del Partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar el Código Civil para el Estado de Guanajuato y la Ley para la Protección de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato en materia de rectificación de actas de personas trans.

Al dar lectura a la exposición de motivos, la diputada Dessire Ángel Rocha manifestó que conforme al Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el continente americano se caracterizaba por ser la región más violenta hacia las personas con identidades de género no normativas en el mundo.

Afirmó que esos ciclos de violencia, presentes en todos los ámbitos de la vida de las personas trans, se entremezclaban con altos niveles de discriminación y estigmatización, resultado en la falta de acceso a sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales.

“Las personas trans no se identifican con el nombre y sexo que les fueron asignados al momento de nacer; el término de Mujeres Trans se refiere a aquellas personas cuyo sexo asignado al nacer es considerado social y biológicamente como mujer o femenino, mientras que su identidad de género es de hombre o masculina”, indicó la congresista.

Ángel Rocha habló de la violencia de la que son objeto las personas trans y subrayó que, ante ese contexto, el reconocimiento de la identidad de género por medio de la rectificación de los documentos de identidad de las personas tras, iniciando por sus actas de nacimiento, se convertía en una medida urgente en la búsqueda de prevenir, atender y erradicar los fenómenos descritos.

“En su calidad de derecho fundamental, el derecho a la identidad, es relevante no sólo en sí mismo, sino también resulta una condición necesaria para el acceso y ejercicio del resto de los derechos tales como: derecho a la igualdad y no discriminación, a la vida y a la integridad personal, al matrimonio, a la seguridad social y a la seguridad pública”, enfatizó la congresista.

Asimismo, argumentó que la ausencia de marcos normativos y prácticas institucionales que permitan, promuevan y garanticen el reconocimiento de la identidad de género, componente esencial del derecho a la identidad, podía derivar en la virtual inhabilitación de los derechos de las personas trans.

La legisladora manifestó que, de acuerdo con cifras provistas por el Registro Civil del Estado de Guanajuato, sólo siete personas trans guanajuatenses consiguieron, por vía ordinaria civil, la rectificación y resguardo de sus actas de nacimiento primigenias conforme a su identidad de género auto percibida en el periodo comprendido entre enero de 2016 y julio de 2019.

En ese sentido, apuntó que era claro que en la entidad se había hecho una interpretación carente de perspectiva de género, porque en la legislación civil estatal se establecen los supuestos en que pueden hacerse rectificaciones administrativas de las actas de nacimiento, y se señala que la cuestión del sexo es uno de los supuestos per que solo es aplicable para personas cisgénero.

La congresista argumentó que en atención a esos razonamientos se infería que la vía administrativa para el cambio de las actas de nacimiento solo aplicaba para los casos en que por error una persona hubiera sido registrada con el sexo equivocado, lo que atentaba contra el derecho fundamental del derecho a la identidad de las personas.

“El escenario descrito permite observar que las autoridades guanajuatenses no solamente se empeñan por mantener el estatus quo de la normativa local, sino que incluso se mantienen en la postura de impedir el reconocimiento integral de la identidad de género de las personas que han sido forzadas a desplazarse a otras entidades federativas para ser reconocidas en su identidad de género”, señaló la diputada.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.