Guanajuato, Gto., 12 de mayo de 2022.- El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional formuló una iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia del derecho humano a la seguridad alimentaria.
En su exposición de motivos, la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia señaló que, según estimaciones de 2016, 1 de cada 9 personas sufre de hambre crónica, y en 2014 el 12,9 % de la población de los países en desarrollo padecía desnutrición. Agregó que se espera que la demanda de alimentos en el mundo aumente como mínimo en 20 % durante los próximos 15 años.
Tiscareño Agoitia subrayó que el capital natural se está agotando a tasas sin precedentes y el cambio climático podría provocar una disminución considerable en la producción de alimentos, especialmente en las regiones con mayor inseguridad alimentaria.
La congresista dijo que el concepto de seguridad alimentaria surgió en la década del 70, basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional; y en los años 80 se añadió la idea del acceso, tanto económico como físico; mientras que, en la década del 90, se llegó al concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se reafirma la seguridad alimentaria como un derecho humano.
También habló de las diferentes dimensiones para medir la seguridad alimentaria, entre las que mencionó la disponibilidad de alimentos, el acceso o capacidad para adquirir los alimentos, el consumo de alimentos, el aprovechamiento biológico de los alimentos consumidos y el estado nutricional de cada persona.
“Para atender un problema público primero es necesario reconocerlo y considerarlo dentro de las actividades gubernamentales, como es el caso, la primera acción de reconocimiento y garantía del derecho a la seguridad alimentaria es reconocerlo en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato”, afirmó la legisladora.
Recalcó que, al asegurar la seguridad alimentaria de los guanajuatenses, de manera interdependiente era reconocer el derecho a la salud y, así, el mantenimiento de la existencia humana y su correcto funcionamiento físico y mental.
Finalmente, subrayó que la reforma que se propone se convierte en la base de concertar esfuerzos y acciones de todos los sectores y dependencias estatales involucradas en las dimensiones propias del concepto de seguridad alimentaria.
“Las acciones y esfuerzos que se deban realizar, a partir del reconocimiento en la Constitución Local del derecho a la seguridad alimentaria, deben contribuir a la solución de los problemas de disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento adecuado de alimentos, y sumarse a las acciones de prevención y tratamiento de los problemas de nutrición, y han de ser aplicadas sobre el conjunto de la población más afectada por estos problemas en todas las etapas de su vida”, concluyó.
