Guanajuato, Gto., 23 de febrero de 2022.- El 28 de enero pasado Cesar Antonio Padilla Ramírez, representante legal de la organización México Unido Contra de la Corrupción, pidió al Fiscal Especializado en Delincuencia Organizada así como al Procurador Fiscal de la Federación, iniciar una investigación contra los ex alcaldes de San Miguel de Allende Luis Alberto y Ricardo Villarreal García. Este último es diputado federal por el PAN.
Dentro de la denuncia para que las autoridades de la Fiscalía General de la República inicien la investigación contra los ex alcaldes panistas, se establecen posibles actos de corrupción, evasión fiscal, colusión con empresas que venden facturas e, incluso, desliza un comportamiento de delincuencia organizada.
La acusación del representante legal de México Unido Contra de la Corrupción alcanza a otros funcionarios que son cercanos a los hermanos Villarreal García como Nicolás Ramírez Hernández, actual asistente de Ricardo Villarreal García en la Cámara de Diputados; José Manuel o Luis Manuel Orozco Arroyo, ex presidente consejero del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San Miguel de Allende (SAPASMA) así como al abogado Christopher Thomas Filkenstein Franyutti quien ha sido secretario del Ayuntamiento y quien hace una década buscó ser alcalde de San Miguel de Allende. Ellos fueron miembros del consejo del SAPASMA.
En el documento a través del cual se realizó la queja ante las autoridades fiscales de la República, se pide que se investigue la comisión de delitos previstos y sancionados por los artículos 400 bis del Código Nacional de Procedimientos Penales y que tienen que ver con la enajenación o compra de bienes inmuebles con recursos que provengan de alguna actividad ilícita.
Agrega también el pedimento para que se investigue a una serie de empresas a través de las cuales, según la ONG, se habrían realizado operaciones simuladas bajo el amparo de comprobantes fiscales vinculados a “operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
Según fuentes consultadas por Platino News, la investigación solicitada por la organización, se basa en las dudas que dejó la actuación del consejo operador del agua en San Miguel de Allende para “privilegiar a los negocios inmobiliarios, por un lado, y por el otro, al realizar un saqueo de los recursos destinados a ese fin”.
Habrá de recordarse que en diciembre del año pasado, la actual administración encabezada por Mauricio Trejo Hernández, despidió al Consejo de SAPASMA que habría sido ratificado por Luis Alberto Villarreal dos días antes de concluir su mandato y pasar la estafeta al actual gobierno priista.
Entre los motivos por los cuales se despidió al Consejo que operó durante el gobierno del panista, está en lo haber informado la condonación por casi 15.5 millones de pesos a desarrollos inmobiliarios lo que generó un daño a la hacienda pública.
Hasta el momento la investigación interna continúa y podría escalar al Congreso de Guanajuato donde, también, podría solicitarse una auditoría específica a este caso.
