AGENCIAS. Ciudad de México 27 de mayo.- A través de su cuenta de Twitter, la secretaria Olga Sánchez Cordero expresó su indignación por el feminicidio de Diana Raygoza Montes, de 21 años, asesinada con un arma blanca al interior de su casa ubicada en la colonia Morelos en Tepic, Nayarit.
“Como secretaria de Gobernación, mi compromiso es utilizar todos los instrumentos del Estado para prevenir y erradicar cualquier tipo de agresión contra las mujeres. No descansaremos hasta que haya #JusticiaParaDiana y todas las víctimas de violencia”, escribió Sánchez Cordero.
Subrayó su compromiso para “abatir actos así de barbarie”. La funcionaria federal dio el pésame a sus deudos y refrendó su lucha contra las violencias. Por otro lado, al participar en un foro a distancia organizado por diputadas sobre Igualdad y las reformas en materia de Violencia Política contra las Mujeres, la secretaria de Gobernación pidió a las legisladoras trabajar para eliminar la penalización a las mujeres por la interrupción del embarazo.
“Revisemos toda la legislación mexicana para poder reformar cualquier normativa que implique una desigualdad y una violencia en contra de las mujeres, que todavía hoy existe”, dijo. “Y segundo, lo más importante para mí, que se erradique la violencia y la criminalización de las mujeres que, por cualquier razón, inclusive natural o voluntaria, hayan decidido interrumpir su embarazo dentro de las 12 semanas”.
Detalló que esto “no sólo implica una criminalización, sino una revictimización y una violencia innecesaria” para esas mujeres que van a enfrentar un proceso penal y finalmente la privación de la libertad. “Por favor, son los temas que debemos de atender puntualmente”, dijo Sánchez Cordero.
Estas declaraciones ocurren luego de que el Congreso de Guanajuato prepara un dictamen negativo a la iniciativa de ley para despenalizar el aborto en el estado, después tres sesiones de más de cuatro horas cada una, en las cuales legisladores locales escucharon la opinión de promotores de la iniciativa y colectivos feministas, así como a grupos de defensores Pro-Vida, además de funcionarios de gobierno.
