Guanajuato, Gto. – 1 de diciembre del 2020.- Integrantes del Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESSA) analizaron la demanda médica de cada institución que cuenta con área Covid, ante el repunte de las hospitalizaciones de pacientes contagiados con el propósito de garantizar camas con ventilador suficientes por el incremento en la demanda.
El Director de Servicios de Salud Francisco Javier Magos Vázquez coordinó el informe de cada institución al mencionar que lamentablemente se registra un incremento en la ocupación hospitalaria con un comportamiento y velocidad del virus muy elevada, que ya se refleja con un 43 % de ocupación general en las camas reconvertidas del sector y un total de 462 guanajuatenses hospitalizados en todo el sector salud.
Recomendó a cada institución a seguirse preparado y afinar sus planes de contingencia en cada hospital para una posible expansión o reconversión que permita atender a la población con apego a las medidas de bioseguridad, toda vez que estamos en plena temporada de influenza, con más enfermedades respiratorias asociadas al clima y un semáforo naranja en un entorno de estados con movilidad que rodean a Guanajuato.
Informó que en un contexto general la cantidad de camas disponibles para pacientes IRAG sin ventilador se encuentra al 59 % y al 21 % se encuentran la disponibilidad de camas reconvertida con ventilador.
El Director de Servicios de Salud explicó que uno de los componentes importantes para la medición del comportamiento de la pandemia en los 46 municipios es la disponibilidad en las camas de las unidades reconvertidas.
Durante el CESSA se acordó como medida extraordinaria reforzar el uso de cubrebocas de forma obligatoria en espacios públicos o de uso común, lavado de manos frecuente con jabón, estornudo de etiqueta, no escupir, usar pañuelo desechable, abstenerse de saludos con contactos físicos.
Usar gel antibacterial, marcar sana distancia y hacer resguardo domiciliario si no es necesario salir, medidas que deberán retomar los municipios y establecer en base a las atribuciones reglamentarias que poseen establecer las consecuencias jurídicas por rehusarse a dichas medidas.
