En política los tiempos son muy importantes y toda perspectiva se plantea hacia el futuro. La reforma político-electoral no es la excepción, más aún, cuando los tiempos están por fenecer rumbo a las elecciones de 2027, en virtud de que, las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral ordinario en septiembre, es decir, a más tardar en el mes de mayo.
De acuerdo con María Amparo Casar, la reforma política del Estado se entiende como el proceso a través del cual se sustituye, rediseña o transforma el conjunto de reglas e instituciones que definen la estructura y organización de los poderes públicos y las relaciones de éstos con la sociedad a la que gobiernan, el sistema electoral mexicano no es la excepción; así lo confirma la propuesta de reforma político electoral anunciada ayer por la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, fundamentalmente, en dos aspectos:
- Modificar el financiamiento de los partidos políticos debido a que México es considerado uno de los países con los comicios más caros del mundo, por lo que la iniciativa de ley buscará disminuir el financiamiento público a los partidos con el propósito de que los recursos se usen de manera más eficiente, limitar privilegios y fomentar un uso transparente de los fondos; y
- La representación de diputados plurinominales en donde se privilegie la participación ciudadana frente a las decisiones de la oligarquía partidaria; esto es, que los plurinominales sean elegidos directamente por la ciudadanía, en lugar de ser definidos por las dirigencias partidistas, lo cual ampliaría la legitimidad democrática y disminuiría la percepción de que los plurinominales son “cuotas de poder” de las élites políticas.
El problema del asunto es que ambas modificaciones demandan un proceso de reforma a la Constitución federal, es decir, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados (Art. 135 constitucional). Las dos terceras partes de los legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión constituye mayorías calificadas, equivalentes a 334 diputados de un total de 500 y 86 senadores de la República de un total de 128, bajo el supuesto de que todos asistan a la sesión respectiva.
Por lo pronto, ninguna de las fuerzas políticas en ambas cámaras tiene por si solas la mayoría calificada, circunstancia que obligará a “echar mano del oficio político” para construir “conjuntos ganadores” o “coaliciones legislativas”: en la Cámara de Diputados, el “conjunto ganador” es Morena-PVEM-PT con 364 votos; y en la Cámara de Senadores, la “coalición legislativa” es Morena-PVEM-PT con 87.
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