Agencias, 9 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público prevé obtener el próximo año ingresos por 10 billones 636 mil 488 millones de pesos. De ese monto, 9 billones 156 mil 529 millones corresponderán a ingresos presupuestarios y un billón 479 mil 959 millones a ingresos derivados de financiamientos.
Una de las principales estrategias del gobierno para alcanzar esta meta es apretar el cerco alrededor del tráfico ilícito de combustibles en los centros de comercialización.
De acuerdo con la propuesta de Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para 2027, la dependencia busca que se deje de exentar del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a las comercializadoras que reporten disparidades entre el volumen de combustibles comprados y vendidos. Asimismo, pondrá candados para que las gasolineras no trasladen su infracción a los consumidores finales.
Hacienda explicó que el IEPS “está enfocado sólo en las personas productoras, fabricantes e importadoras” de combustibles, “mientras los demás eslabones de la cadena de comercialización y distribución no se encuentran sujetos a tales controles”. Sin embargo, ante la persistencia de delitos fiscales, se reforzará la vigilancia en toda la cadena.
“El gobierno federal ha identificado el robo y la sustracción ilegal de combustibles y otros delitos asociados como una de las principales fuentes de evasión del pago del IEPS”. La estrategia para combatir estos ilícitos “se sustenta en fortalecer su trazabilidad desde la importación, el almacenamiento, el transporte y la venta, así como en la desarticulación de las redes de contrabando y robo”, apuntó.
Detalló que cuando un productor, fabricante o importador de gasolinas y diésel realiza la venta de primera mano, para la autoridad fiscal es complejo seguir el rastro de los combustibles hasta el consumidor final en las estaciones de servicio.
Sin embargo, “uno de los principales indicadores de riesgo en la comercialización de combustibles es la existencia de diferencias relevantes y recurrentes entre los volúmenes” adquiridos y vendidos.
La dependencia propone que “las personas diferentes de las fabricantes, productoras o importadoras”, es decir, los comercializadores, paguen el impuesto sobre la diferencia entre lo que pueden acreditar que compraron y lo que vendieron. El IEPS sobre esta diferencia tiene la finalidad de que “exista concordancia entre lo que se adquiere y lo que se enajena por parte de las personas contribuyentes”, apuntó.
De manera preliminar, Hacienda propone que esta medida empiece a aplicar en julio del próximo año.
