León, Gto., 11 de junio.- El procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Raúl Montero de Alba, refirió este día que las medidas adoptadas por el estado mexicano no deben ser un pretexto para trastocar las garantías ciudadanas con el pretexto de atender la pandemia por COVID19.
Así lo mencionó durante una reunión virtual encabezada por la alca comisionada de las naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el marco de la reunión con el Consejo Rector de la Federación Iberoamericana de Ombudsperson en la cual se conversó sobre los desafíos a los derechos humanos en el marco de la pandemia por coronavirus.
Montero de Alba explicó que las medidas adoptadas por el Estado mexicano han tenido un enfoque preventivo, sin suspender derechos, a partir del establecimiento de medidas preventivas, entre ellas la campaña de sana distancia, el aislamiento domiciliario voluntario y la suspensión de actividades consideradas no esenciales.
En el caso del sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos y de los organismos protectores que lo conforman, como es el caso de la PDHEG, se han realizado diversas actividades de monitoreo sobre el cumplimiento y respeto a la dignidad.
El propósito, detalló, es que la crisis sanitaria, social y económica, no se vuelva también una en materia de derechos humanos por la supresión de derechos y libertades que contravengan los principios que marca la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forma parte.
El Ombusdperson guanajuatense hizo referencia a las tareas que se realizaron para identificar a los riesgos a los derechos humanos y grupos de personas en condiciones de vulnerabilidad a fin de que las autoridades adopten medidas de prevención y hacer frente a esta situación sanitaria.
De este ejercicio, se desprendió que los derechos humanos identificados en riesgo fueron: el derecho a la salud en general y, en particular, sobre el personal médico que hace frente a la pandemia; el acceso al agua y el saneamiento; la asistencia social y el derecho a una vida libre de violencia en el ámbito doméstico.
También señaló que se detectó que las mujeres son el grupo de mayor riesgo ante el aumento de casos de violencia doméstica, al igual que adultos mayores, personas con discapacidad, las privadas de su libertad, las niñas y niños, los pueblos y comunidades indígenas y las personas migrantes.
En este último grupo, al ser uno de los más vulnerables, subrayó el trabajo de la FIO para generar iniciativas que contribuyan a la protección de todos sus derechos, lo cual quedó plasmado en el Webinario que organizó la PDHEG en colaboración del organismo iberoamericano sobre la materia.
El Consejo Rector de la FIO está integrado por su presidente y Procurador de los Derechos Humanos de la República de Guatemala, Augusto Jordán Rodas Andrade; la Vicepresidenta Primera de la Región Cono Sur y Defensora del Pueblo de la República Dominicana, Zoila Martínez Guante y el Vicepresidente Segundo por la Región Centroamérica y representante de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, Freddy Carrión Intriago.
También por el Vicepresidente Tercero de la Región Andina y titular del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, Sergio Micco Aguayo; el Vicepresidente Cuarto de la Región Europea y Raonador del Ciutada del Principado de Andorra, Marc Villa Amigó y el Vicepresidente Quinto por las instituciones regionales y locales de derechos humanos, el Ombudsperson José Raúl Montero de Alba.
En la reunión virtual participaron además la Jefa del Gabinete de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carmen Domínguez y la Secretaria Técnica de la FIO, Carmen Comas-Mata Mira.
