El tema que hoy reclama la sociedad es sin duda alguna, la seguridad para “Juan Pueblo” y en este concepto se ubica Usted, su familia, sus amigos, el ama de casa, el obrero, el empresario y, en suma toda la sociedad guanajuatense, que hasta hoy ha quedado a merced del hampa y del crimen, toda vez que nuestros gobiernos no han sido capaces de preparar a los cuerpos policiales de seguridad pública, en este tenor la autoridad podrá decir muchas palabras pero son los hechos los que hablan.
En este orden de ideas, en el año 2008 con el gobierno Calderonista, se ponderó que estaba por venir una nueva cultura jurídica a propósito de la Reforma Penal, que daba vida a los nuevos Juicios Orales, al señorear que en el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales habría principios rectores como son publicidad, contradicción, inmediación, continuidad y concentración; sin embargo con pena ajena tenemos que reconocer que no ha dado los resultados esperados y probablemente el telón de Aquiles haya sido el Primer Respondiente que para ilustración, es la primer autoridad con funciones de seguridad pública que arriba al lugar de los hechos, que auxilia a las víctimas e inclusive localiza y realiza cadena de custodia de los indicios relacionados con el mismo.
Sin embargo creo que aquí es donde la policía nos sale debiendo ya que se ha fallado en este rubro, de manera inobjetable.
Cabe agregar que al haber fallado en la capacitación a los policías, quienes son los primeros en tener la “notitia criminis” en la escena del crimen, no tienen o no saben qué hacer en el hecho criminoso.
Para botón de muestra señalo: a) no hacen lectura de derechos a detenidos b)no saben que es Primer Respondiente, c) no saben llenar el I P H, d) tampoco realizan cadena de custodia e) no hay protección de víctimas en el lugar de los hechos, f) no saben preservar el lugar del crimen, g) tampoco están capacitados para recibir denuncias, entre otros parámetros.
Quiero dejar claro que no estoy descubriendo el hilo negro, sino que estas circunstancias se encuentran comprendidas en las disposiciones jurídicas del Código Nacional de Procedimientos Penales, como funciones del Policía.
Esto, como ya lo he señalado data desde el año 2008, por ende se afirma que el Municipio y el Estado, no ha capacitado a policías municipales ni estatales, por ende desde mi perspectiva , si desde este momento puede haber impunidad con motivo de una carpeta de investigación mal planteada por el Ministerio Público, imagínese Ud que pasaría con un policía que carece de esta capacitación, esto será verdaderamente el caos, luego entonces sí vale la pena reclamar y exigir a las Autoridades informen, el por qué si se han invertido millones de pesos en esta capacitación, no se han obtenido los resultados que “Juan Pueblo” exige.
En esta tesitura, me parece pertinente y oportuno aclarar que el debate de que fuimos testigos, esta próxima pasada semana, entre el líder empresarial José Arturo Sánchez del CCE de esta ciudad y el actual Fiscal de Guanajuato, Lic. Carlos Zamarripa, resulta ocioso porque la policía con lo que ya he narrado en supralíneas no necesita de ningún Convenio para cumplir con lo que es su obligación y lo que se encuentra prescrito en la Ley, por consecuencia la Policía Municipal y Estatal, insisto, le salen debiendo a este pueblo.
Por último, quiero advertir a las autoridades que no se puede jugar con la seguridad de los leoneses, que no puede haber “reformitis” y hacer reglamentos al vapor, no estamos para improvisaciones, la sociedad está pagando esta falta de atención y tino a las políticas criminológicas.
Los medios de comunicación, han dejado claro que los homicidios en Guanajuato han ido en aumento de una manera imparable, se habló de que en el mes de febrero el número de casos de homicidios subió al 12.2% al día, es decir que en 28 días se registraron 344 homicidios.
Indiscutiblemente que algunos no estarán de acuerdo en que denunciemos estos hechos, con el argumento de que nuestras autoridades están trabajando y debemos apoyarles, pero a los cuales les respondo que independientemente de esto, la Constitución de Guanajuato, deja a nuestro Gobernador, Diego Sinhué, como el garante de la tranquilidad pública de nuestra Entidad y por ende a nuestro Alcalde López Santillana, como responsables frente a “Juan Pueblo” de las políticas criminológicas que tengan que ver con nuestra policía local.
