Es inevitable volver abordar el tema de la violencia y la inseguridad en nuestro país, a partir de los lamentables acontecimientos donde dos sacerdotes jesuitas han sido asesinados; y no se puede hacer de otra forma, más que siendo críticos de la realidad que se vive en México porque no es posible aceptar como normal lo que se sufre día con día.
No es un hecho aislado ni fortuito porque se da en el contexto de distintas muestras de cómo el crimen organizado actúa con impunidad. Apenas hace una semana nos enteramos por los medios de comunicación que hombres armados habían tomado el control de un mercado en San Cristóbal de las Casas. También se dio a conocer que el crimen organizado controla la producción y distribución de alimentos básicos en Guerrero. Imposible dejar de mencionar el repunte de homicidios en el mes de mayo y la crisis de desaparecidos en todo el país.
Respecto a todo lo anterior, las autoridades de los tres niveles de gobierno son responsables y de las cuales es necesario puntualizar los siguientes aspectos:
AUSENCIA DE LA FUERZA DEL ESTADO EN REGIONES DEL PAÍS
A lo largo de los años recientes es recurrente la discusión sobre si existe un estado fallido en México considerando la capacidad y los recursos con los que cuentan las organizaciones criminales. Por lo general, se reconoce que no se ha llegado a ese punto; sin embargo, sí se habla de zonas del país donde se puede comprobar un estado fallido y ya no son pocas porque se pueden ubicar en Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero o Chiapas donde las autoridades no pueden garantizar la seguridad de sus habitantes.
Por esta situación, han sido asesinados líderes sociales y han aparecido grupos de autodefensas que han vuelto más compleja la situación.
COORDINACIÓN EN PAPEL
La coordinación entre los tres niveles de gobierno aparece en el papel de las leyes como algo ideal, pero en los hechos resulta ineficiente e incompleta. Las policías municipales e incluso estatales son fácilmente superadas por los recursos del crimen organizado. Ejemplos sobran donde los mismos policías señalan que están limitados para enfrentar a grupos con armas de grueso calibre. También es evidente que la autonomía de las Fiscalías terminó en fracaso y continúan respondiendo a los intereses políticos de los gobernantes en curso.
Por su parte, la autoridad federal optó por mantener en las calles al ejército contradiciendo su promesa de campaña y sigue el pendiente de incorporar la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas.
Ahora bien, la complejidad de la delincuencia hace más compleja la coordinación, por ejemplo: la extorsión sería un delito del fuero local, pero llevada a cabo por bandas que operan a nivel nacional y eso hace que su investigación presente muchos obstáculos.
ESTRATEGIA Y COMUNICACIÓN ERRÁTICA
Es completamente normal que el presidente asuma un discurso sobre sus políticas públicas de seguridad distinto al de administraciones pasadas, precisamente para diferenciarse y para hacer notar que está realizando un cambio; no obstante, se fue al otro extremo y terminó por desdibujar su estrategia y comunicar erráticamente.
La simplificación de la estrategia de “abrazos, no balazos” resultó un tiro en el pie frente a las atrocidades de las que son capaces los grupos de la delincuencia organizada. Sus declaraciones y gestos respecto a capos y delincuentes se han retomado como un pacto entre su gobierno y alguno de los cárteles. Naturalmente, lo ha negado, pero queda sembrada la sospecha como ocurre mucho en estos temas.
Una mención aparte merece el tema de la “pax narca”. Comienza a discutirse mucho este concepto en el gobierno del presidente y sobre ello, ha escrito el experto en temas de seguridad, Eduardo Guerrero Gutiérrez en donde concluye que, a pesar de todo, la supremacía de la autoridad en el uso de la fuerza debe prevalecer; de lo contrario, se caería en una “pax narca”.
Finalmente, como un gesto involuntario de ironía, el mismo día que se daba a conocer la muerte de los jesuitas, la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez daba a conocer el nombramiento de Clara Luz Flores como titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública cuya trayectoria tiene como antecedentes una diputación local y presidenta municipal de Escobedo.
TERCA REALIDAD
Con todo lo anterior, no podemos más que afirmar que la realidad termina por imponerse a los discursos políticos. No hay mucho de dónde agarrarse para ser optimistas en el corto y mediano plazo, pero como señalan los propios jesuitas: “no callaremos ante la realidad que lacera a toda la sociedad”.
La indignación por lo sucedido a los padres Gallo y Morita, como les llaman sus compañeros sacerdotes, y es la misma que exige que la realidad de este país cambie para construir lo que el padre Luis Arriaga Valenzuela llama un mundo más justo, libre y lleno de vida.
En este espacio hacemos votos para que se recuperen sus cuerpos, aparezcan las personas desaparecidas y se haga justicia lejos de los reflectores y la parafernalia política para comenzar a cambiar esta terca realidad.
