Los llamados Lineamientos para proteger los derechos de las audiencias llegan envueltos en el discurso de la protección ciudadana, pero esconden riesgos que cualquier democracia debería mirar con recelo. Más aún cuando son impulsados desde el Gobierno, que pretende convencernos de que la censura puede disfrazarse de garantía.
Los principales riesgos son evidentes: que el Gobierno decida qué es verdad y qué no; que se abra la puerta a sanciones o presiones contra medios y periodistas; que prospere la autocensura por temor a represalias; que se inhiba la crítica bajo el pretexto de combatir la desinformación; que se vulneren la libertad editorial y el derecho a disentir; y que un poder político termine convertido en árbitro de la información que él mismo genera.
La ironía es monumental.
Quienes impulsan estos controles son los mismos que durante años recurrieron a Infodemia para desacreditar reportajes incómodos y terminaron difundiendo versiones que la realidad desmintió. Los mismos que negaron la responsabilidad de Pemex en derrames contaminantes o aseguraron que la imagen de una joven asoleándose en Palacio Nacional era producto de la inteligencia artificial.
¿Por qué no empezar con una reforma de autocontrol gubernamental? Que primero moderen sus propias mentiras, corrijan sus datos falsos y renuncien a la tentación de erigirse en dueños de la verdad. Porque cuando el poder pretende decidir qué puede decirse y qué debe callarse, la primera víctima siempre termina siendo la libertad de expresión.
