La función notarial es imprescindible en el desarrollo y evolución de las sociedades, sus antecedentes se remontan a la historia incluso hasta nuestros orígenes.
El ser humano siempre ha precisado dejar constancia de lo que acontece en su al rededor, tal fue el caso de los “Tlacuilos” entre los Aztecas, muy similares a los escribas egipcios cuya función era redactar y relacionar hechos para que quedase constancia histórica, con su experiencia eran capaces incluso de asesorar y orientar a quienes les contrataban.
Imposible imaginar la fundación de la Nueva España sin el actuar de las escribanías del rey, mismas que fueron replicadas por Hernán Cortés y que actuaron como fedatarios en la fundación de las Villas y Ayuntamientos para reconocer prebendas reales, imposición de impuestos, actuaciones religiosas y en general todo acto que revistiera una importancia jurídica del naciente reino.
La tarea de dar certidumbre y el puntual registro de los actos jurídicos que mandate la ley no es cosa menor, podría incluso afirmarse que es la base sobre la que el entramado jurídico de nuestra sociedad descansa, es por ello que la fe pública solo puede ejercerla aquellos que han sido designados por la autoridad como un reconocimiento a la capacidad, probidad y honestidad de quien puede certificar los actos jurídicos que ante él se celebren y dar constancia de los hechos que se requiera para efectos jurídicos.
Ser Notario Público siempre ha estado asociado a un nivel de excelencia al tratarse de ciudadanos(as) que sobresalen por su conocimiento jurídico, cultural, que actúan con profesionalismo y sabiduría, de un comportamiento social intachable y que los convierte en un referente social de respeto y objetividad; Es por ello que la ciudadanía acude a esta figura como garante de transparencia y legalidad que proviene del reconocimiento de la autoridad.
La Constitución Federal establece como facultad propia y exclusiva de las entidades federativas que por medio de su legislación deleguen la actividad notarial a aquellos que con su autorización den validez y eficacia a los actos y representaciones de su demarcación territorial.
En el caso de Guanajuato la actividad notarial había sido abandonada las últimas décadas, desde los inicios del Gobierno encabezado por Juan Carlos Romero Hicks (2002) que no se nombran nuevos notarios lo que provoco que de 450 titulares activos que había hace 20 años hoy subsistan cerca de 250 en funciones.
Es por eso que resulta plausible la iniciativa del ejecutivo estatal que se muestra consciente del déficit de notarios en la entidad, por lo que impulsó una reforma en el año 2020 para que se designen notarios auxiliares bajo el patrocinio de notarios titulares que dicho sea de paso y con todo respeto la gran mayoría son hombres de avanzada edad.
Lo anterior si bien es un paliativo, si permite distinguir a una autoridad estatal que busca de fortalecer la función notarial y que en la inmediatez del tiempo buscara (estoy seguro) designar notarías titulares, sabedor de la problemática que existe, sin duda una decisión valiente, urgente y necesaria.
La ley establece claramente los requisitos que se deben colmar para obtener el “fiat notarial” para el caso de las notarías titulares, sin embargo, siendo el caso de las notarías auxiliares se previno de la aplicación de un examen especializado que es de total responsabilidad de la Dirección General de Notarías y Registros Públicos dependiente de la Secretaría de Gobierno.
El proceso ha resultado cuando menos atropellado, desgraciadamente las áreas operativas que deberían de desahogar este proceso en nombre y representación del gobierno estatal han sido deficientes y han cometido una cadena de descuidos que han empañado el proceso, llenándolo de suspicacias e inconformidades de quienes acudimos a la convocatoria.
En un primer intento la Dirección de Notarias y Registros públicos aplicó un examen improvisado, fuera de materia y con tintes más académicos que prácticos de la función notarial, un examen excéntrico diría yo pues resultó evidente que alguien lo realizo desde un escritorio administrativo, atinadamente se decidió reponer el proceso visto el deficiente resultado del primer intento.
Para la segunda aplicación se involucró aún más al Colegio de Notarios del Estado de Guanajuato que muy generosamente desarrolló una curricula de estudio para desahogarla en varias semanas aprovechando las bondades de la tecnología que nos permitió conectarnos de manera remota, diplomado que sirvió para fortalecer los lazos profesionales del gremio y honrar aun con mayor profesionalismo la convocatoria que se nos había hecho, refrescamos así conocimientos y compartimos el aula virtual con distinguidos compañeros de todo el estado.
Sin embargo, la aplicación del examen resulto de nueva cuenta un despropósito: sin técnica, sin método, con preguntas absurdas y respuestas de opción múltiple simples y confusas; definitivamente eso no era un examen hecho para profesionales, era una trampa armada de tres partes como tres eran sus sinodales, dispuesta a no dejar avanzar a nadie que no tuviera el beneficio de conocer ya ese laberinto, en conclusión un examen alejado totalmente de las horas de estudio en que nos preparamos y con serios cuestionamientos en la secrecía de la información, resulta inconcebible que de 44 profesionales del derecho que acudimos de manera responsable al llamado de la autoridad estatal solo hubiesen aprobado 5 compañeros.
Me limitare a decir que conozco a varios de estos 44 compañeros, pues he estudiado, trabajado y me han honrado con el favor de su colaboración y puedo dar testimonio de su excelencia profesional y su alto nivel, saber que no se encuentran entre los 5 “afortunados” es inverosímil y nos lastima como gremio.
Simplemente resulta irrisorio que en el proceso de aprobación de notarios no se pueda dar certeza, objetividad, transparencia a la aplicación de un examen sin que este deje de ser secuestrado por una burocracia intermedia que es incapaz de dimensionar la trascendencia para la vida jurídica de Guanajuato del proceso que está administrando.
Seguramente es por estas razones que los anteriores gobernantes evitaron tales designaciones, sabedores de lo polémico que pudiese resultar; pero como hemos ya expuesto anteriormente la demanda de un estado pujante y extenso como lo es Guanajuato no puede permitirse seguir evitando estos urgentes nombramientos.
Quienes acudimos a esta convocatoria lo hacemos desde el prestigio que nos antecede y con la aspiración de poder diversificar nuestros servicios profesionales, con la intención de detentar la fe pública como un reconocimiento tácito de nuestra autoridad, una condición que invariablemente nos distingue como profesionales del derecho.
Entre los aspirantes habemos quienes más que precisar una nueva área de trabajo acudimos con mucho respeto a la añoranza y el romanticismo de nuestra especialización profesional, porque sabemos a cabalidad lo que significa la función notarial. Pero estoy cierto también de que muchos de mis compañeros no tienen la más mínima necesidad de acudir al maltrato y el desdén de mandos intermedios que negligentemente torpedean la función pública no solo en contra de nosotros los aspirantes, si no en contra de la ciudadanía que exige y demanda una mayor cobertura del notariado guanajuatense.
En 2018 la Senadora Olga Sánchez Cordero que por cierto también es Notaría Pública de la Ciudad México, presentó una iniciativa que tenía como objetivo proponer la centralización de la función notarial en todo el país, lo anterior con la finalidad de estandarizar los procesos de designación, control, evaluación y seguimiento, homologando así una misma calidad en el servicio final que recibe el ciudadano.
Lo anterior encuentra su explicación en que aún existen estados en donde estos nombramientos son totalmente discrecionales, con perfiles impresentables que siguen otra lógica distinta al profesionalismo y dignificación de la función notarial; sin embargo, visto lo acontecido en Guanajuato durante este último año no suena nada descabellada semejante propuesta.
En Guanajuato parecieran lejos aquellos tiempos en donde las notarías se ofrecían como plan de jubilación para políticos y funcionarios cercanos al poder, aún existen resabios de aquellos tiempos que sobrevivían al nepotismo y el abuso del poder simplemente porque se tenía.
Sin embargo, corremos el riesgo de quedar en el otro extremo, el de la parálisis administrativa provocada ya no por los políticos gobernantes, si no por los servidores públicos que desde la comodidad del anonimato administrativo regentean a discreción y según su conveniencia la operación de tan delicado proceso.
Esta convocatoria no será la única seguramente, pero es importante resaltar que este desaguisado ha transcurrido en casi 2 años y que la simple pérdida de tiempo, el ejercicio de recursos públicos y sobretodo el desgaste que ha significado este proceso debe de indignarnos y nos reta a poner en prueba la convicción férrea que distingue a la comunidad jurídica, estoy cierto de que no estamos dispuestos a que se sobaje nuestra trayectoria y que se tome con ligereza la formalidad y trascendencia del encargo que buscamos.
No habremos de permitir que se nos quiera tratar como estudiantes meritorios a los cuales se les reprueba con la indiferencia de un examen que ni revisión admite por la negligencia de quien lo administra y que además se presume resulta beneficiado.
Sirva en todo caso para que el Gobernador del Estado y nuestra Secretaría de Gobierno tomen cartas en el asunto y ajusten las medidas necesarias para que se respete un proceso ordenado y eficiente que debe de partir desde el respeto a los convocados, confió en que nuestros gobernantes tengan esa sensibilidad pues ellos también son unos profesionales del derecho y conocen como nosotros la exigencia del medio y la importancia de tomar con seriedad y profesionalismo este proceso de designación.
Todos somos parte de un gremio y nos distingue la solidaridad combativa como característica ineludible de nuestro perfil profesional, no debe de descartarse que se acuda una vez más a los tribunales para evidenciar lo malogrado del proceso, es nuestra naturaleza finalmente: luchar contra la injusticia y la inequidad.
Muchos de nosotros somos amigos después de todo, convivimos a diario en los pasillos jurídicos, entre audiencias, diligencias y representaciones gubernamentales; y como decimos muchos de nosotros, desayunamos, comemos y Merendamos de la vida Notarial, ahí ” nos la vivimos”, entre folios, protocolos, sellos, escrituras , clientes y todo lo que genera el mundo Notarial. Entonces Abonemos todos a construir el notariado que Guanajuato demanda, pero ya lo reza el cervantino refrán: “entre dos amigos: un notario y dos testigos”.
