Inicio Vida Legislativa Morena rechaza crear figura de “violencia política” en la Ley

Morena rechaza crear figura de “violencia política” en la Ley

El diputado David Martínez Mendizábal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Foto: Especial

Guanajuato, Gto., 19 de mayo de 2026.- La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado de Guanajuato llevó a cabo una mesa de trabajo con autoridades electorales, representantes de los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como de los partidos políticos, para analizar un total de siete iniciativas en materia electoral.

Entre ellas, destaca la presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política para la elección del Poder Judicial a nivel local; una más, impulsada por el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Ferro, para evitar que las candidaturas a presidencias municipales se registren de manera simultánea para regidurías; así como la propuesta del Grupo Parlamentario de Morena para reducir el financiamiento público a los partidos políticos.

En su intervención, el diputado David Martínez Mendizábal defendió con firmeza la postura del Grupo Parlamentario en contra de crear la figura genérica de “violencia política”, al advertir que su incorporación desvirtuaría y debilitaría la figura ya existente de violencia política en razón de género.

Esta posición fue respaldada de manera contundente tanto por el Instituto Electoral del Estado como por el Tribunal Estatal Electoral, quienes coincidieron en que dicha propuesta implicaría un retroceso al poner en riesgo la protección reforzada que actualmente salvaguarda los derechos políticos de las mujeres.

Por su parte, la diputada Eugenia García Oliveros presentó una serie de propuestas en materia electoral, entre las que destaca la adición de un párrafo y cinco incisos a la fracción V, así como la incorporación de una fracción XI —recorriéndose la subsecuente— al artículo 350, con el objetivo de impedir el uso indebido de programas sociales para inducir o coaccionar el voto ciudadano, tal como ocurrió en Guanajuato con las denominadas “Tarjetas Rosas” durante el proceso electoral de 2024.

La diputada propuso que estos supuestos queden claramente tipificados para los casos en los que: se operen programas sociales durante el proceso electoral sin reglas de operación; se convoque a la ciudadanía a registrarse en programas sociales, ya sean futuros o existentes, con fines político-electorales; se condicionen o cancelen beneficios por no participar en actos proselitistas o por no emitir el sufragio en favor de una persona candidata o partido político; así como cuando, durante el proceso electoral, se incremente discrecionalmente el presupuesto asignado a programas sociales o el número de personas beneficiarias, entre otros.

En la iniciativa remitida por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, presidida por el morenista Ricardo Ferro, en materia de elección de representantes del Poder Judicial a nivel local, las autoridades señalaron su viabilidad y realizaron diversas propuestas de precisión en su redacción. Asimismo, reconocieron que, a diferencia del modelo federal, la propuesta local sí contempla mecanismos claros para resolver escenarios de empate, lo que fortalece la certeza jurídica del proceso.

Al abordar la reforma en materia electoral para impedir que las y los candidatos a presidencias municipales puedan registrarse simultáneamente como regidores en sus propias planillas, la autoridad electoral señaló que esta medida es viable y se encuentra plenamente dentro de la libertad configurativa del estado, contribuyendo a fortalecer la equidad y la autenticidad de la competencia electoral.

En el mismo sentido, se emitió opinión respecto a la propuesta del Grupo Parlamentario de Morena para reducir en un 20 por ciento, de manera paulatina, el financiamiento público a los partidos políticos a nivel local. El diputado David Martínez Mendizábal subrayó que esta iniciativa tiene como propósito redirigir recursos públicos hacia las necesidades más apremiantes de la ciudadanía, en congruencia con los principios de austeridad, responsabilidad y justicia social.