Guanajuato, Gto., 16 de mayo de 2024.- En sesión ordinaria del Congreso del Estado, el Grupo Parlamentario de Morena, a través de la diputada, Hades Berenice Aguilar Castillo, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobernador del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, para que detenga de forma inmediata la operación del programa QC3814 Mujeres Grandeza hasta el día 3 de junio de 2024.
Al hacer uso de la voz, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, comentó que a lo largo de la actual legislatura han denunciado que la política de desarrollo social del gobierno del Guanajuato es un instrumento para el uso político de la pobreza, porque en lugar de combatir las problemáticas económicas, los programas y apoyos son utilizados para generar beneficios electorales.
Aguilar Castillo, indicó que durante el ejercicio fiscal 2023, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) a cargo de Libia García Muño Ledo, creó un nuevo programa social no contenido en el presupuesto de egresos, llamado Apoyo Mujeres Grandeza, diseñado para entregar un apoyo económico mensual de mil pesos a cada persona beneficiaria durante 8 meses, destinando un presupuesto de 640.7 millones de pesos sin haber ningún tipo de diagnóstico sobre esta problemática.
“Para el ejercicio fiscal de 2024, el presupuesto se incrementó a 1,500 millones de pesos. Sin embargo, al primer trimestre, éste se amplió hasta 4,023.5 millones de pesos, ampliando también el apoyo a 12 meses. Con lo anterior se tiene que, durante el presente ejercicio fiscal coincidente con las campañas electorales, se dispersarán apoyos sociales a 300 mil mujeres.
Los apoyos son aprobados por un comité de ocho personas funcionarias públicas: la persona titular de la SEDESHU, tres subordinados directos y cuatro funcionarios estatales de otras instancias. Desde su lanzamiento y hasta la fecha, el grueso de la información relativa al programa social ha privilegiado el uso electoral sin preocuparse por aclarar la naturaleza pública y ajena a cualquier partido del programa, Por lo anterior, se suponen irregularidades dignas de una investigación y sanción electoral contundente”, precisó.
La congresista resaltó que la candidata del PRIAN incumple con los lineamientos para garantizar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en materia electoral por parte de las personas servidoras públicas emitidos por el Instituto Nacional Electoral, al llevar a cabo programas sociales con fines electorales.
Finalmente el punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Asuntos Electorales para su estudio y dictamen.
