Guanajuato, Gto., 6 de mayo de 2026.- La presidenta del Comité Directivo Estatal, diputada Ruth Tiscareño Agoitia y el delegado Eligio González, fijaron una postura firme ante los recientes acontecimientos en el escenario político nacional, particularmente sobre las denuncias del gobierno de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno de Sinaloa, incluido el senador de la República Enrique Inzunza y el ex gobernador de la entidad Rubén Rocha Moya.
Recordaron que el PRI denunció desde 2021, ante instancias electorales, la Fiscalía General de la República y organismos internacionales, la presunta intervención del crimen organizado en procesos electorales, no solo en Sinaloa, sino también en estados como Tamaulipas, Michoacán y otras entidades, donde afirmaron, operó como un “brazo político” para favorecer a Morena.
“Hoy, lo que está saliendo a la luz confirma lo que denunciamos desde hace años. El tiempo, desafortunadamente, nos ha dado la razón”, puntualizaron.
Los dirigentes calificaron como grave la postura del Gobierno Federal frente a la denuncia formal del gobierno norteamericano, al considerar que, bajo el argumento de soberanía nacional, se está tomando una ruta de confrontación internacional que podría tener consecuencias económicas, políticas y diplomáticas para México.
“Esta actitud no hace más que evidenciar un posible contubernio entre el gobierno de Morena y el crimen organizado, además de poner en riesgo la relación bilateral con el principal socio comercial del país”, recalcaron.
En el caso específico de Sinaloa, señalaron que los resultados del gobierno estatal reflejan una crisis profunda con 2,645 homicidios, 3,688 desapariciones, 174 feminicidios, más de 3,000 familias desplazadas, 30,000 empleos perdidos, más de 4,500 negocios cerrados y 9,000 denuncias por robo de vehículos. “Esta es la herencia de un gobierno que, acusamos, pactó con el crimen organizado”.
Asimismo, advirtieron que la eventual licencia del exgobernador no debe convertirse en una “cortina de humo” para evadir la justicia, por lo que exigieron que enfrente el proceso correspondiente en Estados Unidos conforme a las acusaciones existentes.
El PRI también anunció que prepara una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral para solicitar la cancelación del registro de Morena, al considerar que existen elementos suficientes para señalarlo como un partido vinculado con el crimen organizado.
“Vamos a seguir alzando la voz y denunciando estos hechos. En México no puede seguir prevaleciendo la impunidad. No podemos permitir que se cometan delitos y no pase nada”, afirmaron.
Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno Federal y a la presidenta de la República para que asuma su responsabilidad, coopere con las autoridades internacionales y privilegie la estabilidad del país por encima de intereses políticos.
“El rumbo que está tomando el gobierno es preocupante. México necesita certeza, legalidad y una relación internacional responsable, no una política de encubrimiento y confrontación”, concluyeron.
