Agencias, Gto., 22 de julio de 2026.- Tras confirmarse el fallecimiento de 17 migrantes mexicanos en operativos y centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos —entre los que se contabiliza el deceso de dos connacionales guanajuatenses—, el Gobierno de México emprendió una ofensiva jurídica con la presentación de 20 denuncias penales ante fiscalías estatales y de condado en la nación estadounidense.
A través de una tarjeta informativa emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la dependencia federal detalló la ruta de acciones emprendidas a partir de mayo de 2025 para exigir justicia por los fallecimientos ocurridos bajo la custodia o durante las redadas del agencia estadounidense. La estrategia responde a la instrucción girada el pasado 9 de julio por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El alcance de las acciones jurídicas e internacionales
Para esclarecer la muerte de los 17 paisanos, la Embajada de México en Estados Unidos y la red consular interpusieron denuncias ante el Departamento de Justicia, además de querellas en fiscalías locales de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Misuri y Texas.
El paquete de medidas institucionales abarca tres frentes clave:
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Denuncia Penal y Diplomática: El embajador Roberto Lazzeri elevó la preocupación del Estado mexicano ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el propio ICE debido a las inhumanas condiciones de internamiento reportadas en sus instalaciones.
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Apoyo a las Familias de los Guanajuatenses: A través de los consulados correspondientes, la SRE mantiene el acompañamiento jurídico directo y la asistencia integral a las familias de los dos guanajuatenses y de las demás víctimas, dando puntual seguimiento a los peritajes de las autoridades estadounidenses.
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Exigencia ante Organismos Internacionales: El secretario Roberto Velasco Álvarez solicitó formalmente la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con el objetivo de que recabe información, investigue las defunciones en custodia y emita recomendaciones dirigidas al gobierno estadounidense.
El Gobierno de México mantendrá la vigilancia estricta sobre el curso de los procesos penales en Estados Unidos para deslindar responsabilidades por las omisiones o abusos cometidos contra la comunidad migrante mexicana.
