Actualmente ya existen mayores penas si un ataque a civiles se puede considerar como terrorismo u homicidio doloso agravado y delincuencia organizada, y tales sentencias se darían, bajo marco legal, con prisión de 40 a 60 años, más la reparación del daño.
Esto viene a colación por el infame ataque en el Bar Cantaritos de Querétaro y el subsiguiente ocurrido en Cuautitlán Izcalli, del Estado de México. El primero de estos casos con un saldo de 10 personas muertas y 13 heridas; así como en el segundo con cinco personas fallecidas e igual número de heridos.
Conocer la identidad de las víctimas, en el caso de Querétaro, y sus historias con sueños y aspiraciones, nos conmueve, pero nos da coraje por sus vidas truncadas.
Me preguntó un amigo el porqué no se impone la pena de muerte cuando se trata de cobardes y mortales agresiones a la sociedad civil y por qué no se les cataloga como actos terroristas.
En ello, me dijo, se sumarían explosiones de coches bomba como los perpetrados en Guanajuato, además de bombardeos con drones, que han ocurrido varios estados del país (Michoacán, Sinaloa, Chiapas).
Contesté que sí, sí deben incrementarse las sentencias condenatorias con prisión y mayores montos en la reparación del daño. Si no se llega a la pena de muerte, creo yo que podría haber prisión perpetua, dependiendo de la gravedad del hecho y eso supondría un mensaje directo hacia los delincuentes y una forma de tranquilidad a la sociedad civil.
Pero, la impunidad no termina con mayores penas, esta puede disminuir con la aplicación efectiva de la ley, debe haber capacidad de identificar, detener y enjunciar a los criminales responsables.
Nos consuela un poco que se están viendo planes de seguridad pública mejores de los tres órdenes de gobierno en nuestro caso y entorno, de la Presidencia de la República, del Gobierno de Guanajuato y de León como municipio.
Las reformas constitucionales que se aprobaron para que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (federal) bajo el cargo de Omar García Harfuch, tenga las facultades investigadoras y bajo su control el Centro Nacional de Inteligencia, es de lo más acertado.
El hecho de que no sea la Sedena quien controle ese centro de inteligencia y sí lo sea una instancia civil, hace contrapeso a la “militarización” de la seguridad nacional.
La facultad de la SSP va en el sentido de ser una cabeza coordinadora de las acciones de seguridad en el país, que incluye a corporaciones federales, estatales y municipales.
Tanto el Estado, encabezado por Libia García como gobernadora, y la Federación, han comenzado a informar de resultados en materia de seguridad pública. No se puede calificar aún porque es solo el comienzo en sus mandatos gubernamentales.
Lo importante es que finalmente terminaron los abrazos obradorianos y han sido sustituidos por acciones más firmes, desafortunadamente con bajas principalmente de elementos del Ejército y la Guardia Nacional.
Muchos los catalogan como choro político, pero no se deben de dejar de atacar las causas estructurales del crimen, porque no es únicamente un problema de leyes, sino también de desigualdad social, falta de oportunidades y corrupción.
En estos rubros se han enfocado también las estrategias anunciadas por Claudia y Libia, además del trabajo que tiene que consolidar Alejandra Gutiérrez, en el caso de León.
Alejar a las juventudes (como se dice ahora) de las adicciones y atender ese problema podría prevenir que ellos sean adheridos a la delincuencia organizada como distribuidores de droga, pero que finalmente terminan como carne de cañón y víctimas de homicidios dolosos.
La nueva estrategia mexicana contra el crimen también contempla la coordinación y colaboración internacional, en un mundo dividido en regiones, pero totalmente globalizado en sus problemas y derrotas, pero también en sus luchas y victorias.
