Todos estamos conscientes de que con la llegada a la Presidencia de la República de López Obrador se inauguró una nueva etapa política en nuestro país.
Podemos analizar dos aspectos de esta nueva etapa: la primera, que está relacionada con su forma del ejercicio del poder y la segunda, con los cambios institucionales en el sistema político en general. Veamos cada una de ellas con más detenimiento.
La forma de ejercer el poder del presidente Andrés Manuel se distinguió por su personalismo y su centralismo. Con la primera característica nos referimos a que la política tuvo como centro su persona, sus declaraciones, sus decisiones. De ahí la importancia de sus conferencias mañaneras donde se establecía la agenda pública y la información oficial. Incluso, en momentos de crisis el presidente salía como se dice popularmente a poner el pecho y muchas veces la situación se revertía.
El centralismo se refiere a que todas las decisiones se tomaban desde Palacio Nacional. Eso provocó que los secretarios de Estado pasaran a un segundo término. Los gobernadores fueron borrados del mapa político porque perdieron el protagonismo que habían adquirido a inicios del siglo XXI. Finalmente, nunca aceptó los contrapesos de organismos autónomos a los que prácticamente ignoró y ninguneó.
En cuanto a los cambios institucionales, tendríamos que comenzar por señalar a los partidos políticos que están prácticamente aniquilados, tanto los oficialistas como los de oposición. Comenzado por Morena al que se considera más bien un movimiento en donde su disciplina y procesos internos respondían más bien a las directrices del presidente. Seguido del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México que se alinearon sin condiciones a los lineamientos del presidente.
Los partidos de oposición viven su propia crisis interna y el movimiento de la 4T les ha pasado por encima en las elecciones de 2018 y 2024. El PRI se ha vuelto el partido de un solo hombre y no se le ve salida a su situación. El PAN vive pugnas interminables y su liderazgo administra, pero no conduce al partido. Eso lo aprovechó muy bien el presidente para ampliar su influencia política e ignorar a estas fuerzas políticas con las que nunca se reunió.
En el caso de los Poderes de la Unión, el Poder Legislativo terminó sometido al Poder Ejecutivo que solamente se dedicó a aprobar las iniciativas que así señalaron. En algunos casos, sin cambiarles ni una coma, como lo dijo el mismo presidente. Con el Poder Judicial se vivieron dos momentos diferentes, con la presidencia de Arturo Saldívar fue de cordialidad y ahora se sabe de coordinación y posteriormente, con la presidencia de Norma Piña dio un giro para ser de confrontación y prácticamente de aniquilación.
Con otros organismos autónomos creados como contrapeso al poder presidencial mantuvo una relación diversa: en algunos de ellos fue colocando perfiles a fines a su movimiento como fue el caso del Banco de México propusieron a perfiles como Gerardo Esquivel y la actual presidenta Victoria Rodríguez Ceja. En el INE mantuvo mucha hostilidad contra Lorenzo Córdova, pero ya con Guadalupe Taddei no hubo cuestionamientos.
Con otros organismos autónomos los despreció desde el inicio y dejó sin proponer nuevos integrantes, como fue el caso del INAI o Cofece. Hasta que finalmente, formalizó su desaparición con la iniciativa todavía pendiente de aprobación, pero que está en firme.
Con todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que el sistema político mexicano regresa a un presidencialismo en donde la figura del presidente es el centro y sobre la cual gira toda la realidad política.
Por si esto no fuera poco, las actuales decisiones e iniciativas por aprobar buscan darle más poder al poder, en este caso, más poder a la presidenta y muchas cosas se van alineando en ese sentido. Veamos.
La reforma judicial que tiene al país en una crisis institucional tiene diferentes manifestaciones, pero algunas de ellas son de alineación al poder presidencial como es el caso de la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ha indicado al INE que continúe con el proceso de elección. La misma presidencia del INE que sin atender al Consejo Electoral emite un comunicado para dar a conocer que continuará con el proceso.
E incluso las decisiones de los propios jueces. En un análisis del periodista Ricardo Raphael, hacía notar que los jueces en algunos casos como el de la liberación de Aburto en donde se optó por no liberarlo ya están decidiendo conforme al contexto político.
En ese mismo sentido, está la iniciativa de Morena de blindar las reformas constitucionales y que el Poder Judicial no pueda intervenir sobre la forma y el fondo de las mismas. Eso iría en el sentido contrario a donde avanza las democracias en el mundo.
La presidenta y políticos de la 4T señalan que se fortalece el Estado de Derecho y se cumple la voluntad del pueblo manifestada en los 35 millones de votos del pasado 2 de junio; sin embargo, esa película ya la vimos: el Ejecutivo puede lanzar cualquier iniciativa para ser elevada a rango constitucional y el Congreso la terminará aprobando hasta con errores y una vez aprobada, no habrá institución ni poder humano que la pueda echar para atrás.
Esta nueva etapa de la política mexicana en donde renace el presidencialismo está tomando características que no son deseables para el desarrollo de la democracia mexicana. Debieran de pensarse con mayor serenidad y sensatez política.
Alguna salida tendrá la crisis institucional ocasionada por la reforma judicial que no solamente traerá nuevos jueces y magistrados, también nos dirá mucho de los cambios políticos en nuestro país.
