El viernes por la tarde, más de un millón de personas acudieron a las plazas y vías públicas de Santiago en una de las protestas callejeras más grandes jamás vistas en la capital chilena.
Las áreas del centro, como la icónica Plaza Italia, se llenaron principalmente de estudiantes y veinteañeros, pero también personas mayores y familias, agitando banderas y pancartas en busca de mejores salarios, pensiones, atención médica y educación.
Muchos de los que participaron en las protestas de barrio a principios de semana optaron por unirse a las manifestaciones del centro del viernes, que se organizaron en las redes sociales a través del hashtag #LaMarchaMásGrandeDeChile.
“Necesitamos un nuevo pacto social, una nueva constitución hecha por todos nosotros”, asegura Pablo Steil, propietario de un negocio de mercadeo con 30 empleados.
“Soy uno de los privilegiados de Chile y debemos comenzar a pensar que tendremos que dar algo más para que esta sociedad sea un poco más justa”.
Temprano en el día, los camioneros y los conductores de autobuses atascaron las carreteras y autopistas alrededor de Santiago, presionando para eliminar las tarifas de pago de los usuarios en las autopistas urbanas.
El edificio del Congreso en Valparaíso fue evacuado después de que un grupo intentara forzar su entrada. Un toque de queda comenzará en la ciudad portuaria a las 20:00 horas y en Santiago a las 23:00 horas.
Si bien la violencia parece estar disminuyendo, la concurrencia callejera en gran parte pacífica ha cobrado impulso. Una encuesta realizada por la encuestadora Activa Research mostró que el 84 por ciento de los chilenos apoya las manifestaciones y el 37 por ciento comentó que el Gobierno ha tardado en responder.
Este fin de semana, el presidente Piñera planea mantener conversaciones con grupos empresariales, sindicatos, universidades, alcaldes y parte de su gabinete.
La amplitud de las protestas apunta al enorme desafío que enfrenta el gobierno de centroderecha de Piñera. Inicialmente, el presidente abordó la violencia como un asunto de orden público, un enfoque que solo empeoró las cosas.
Luego se disculpó por no reconocer las quejas genuinas y anunció medidas que incluyeron aumentar los impuestos para los trabajadores de altos ingresos y elevar las pensiones. Los manifestantes quieren cambios más radicales, una retirada inmediata de las tropas y cambios en el gabinete.
“Hasta ahora, el Gobierno ha propuesto soluciones parche”, consideró Gloria Gómez, una notaria empleada en el barrio de bajos ingresos de Renca. “Seguiré manifestando mientras las protestas permanezcan pacíficas”.
En otras partes del país, muchos chilenos estaban tratando de volver a la normalidad. Los mineros de cobre y los trabajadores portuarios pusieron fin a las protestas y reanudaron las operaciones mientras se reabrían más estaciones de metro, tiendas y escuelas. Aún así, hay más informes de saqueos esporádicos.
Anteriormente, las imágenes de televisión mostraban el alcance total del daño de los disturbios del metro que desencadenaron las protestas. Mientras la tasa oficial de muertos subió a 19, el Instituto Nacional de Derechos Humanos asegura que 585 personas resultaron heridas y 2.948 fueron arrestadas hasta el mediodía de este día
El Instituto ha presentado 12 demandas contra las autoridades por violencia sexual, que incluyen desvestir a los detenidos, tocamientos y amenazas de violación.
Si bien se han saqueado más de 600 supermercados, la tasa de eventos violentos graves se ha ralentizado. Las pérdidas para el sector minorista de Chile debido al saqueo y la pérdida de ventas alcanzaron los mil 400 millones de dólares desde que comenzaron las protestas, según la Cámara de Comercio de Santiago.
El índice bursátil de referencia de Chile culminó su peor semana en casi dos años, con pérdidas lideradas por los servicios públicos y las acciones de consumo. El peso chileno se hundió 2.2 por ciento frente al dólar esta semana.
La expresidente chilena, Michelle Bachelet, ahora Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, comentó que enviaría un equipo para investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos, una medida que el gobierno recibió con beneplácito.
“Nadie puede negar un millón de personas en la calle”, informó la jefa del gobierno regional, Karla Rubilar, a CNN Chile. “Tenemos que ser humildes y escuchar”.
