“La epidemia no mata sola; la negligencia la ayuda” Paul Farmer
Esta semana el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum acaba de perpetrar dos decisiones en salud que revelan la naturaleza autoritaria y la deshonestidad intelectual de la Cuarta Transformación: el nombramiento de Hugo López-Gatell como representante de México ante la OMS y el traspaso del Programa IMSS-Bienestar al régimen ordinario del Seguro Social sin presupuesto adicional.
La designación de López-Gatell constituye una afrenta inaceptable a las más de 800 mil víctimas de la pandemia de COVID-19. Los datos irrefutables de la propia Organización Mundial de la Salud demuestran que México registró el cuarto nivel más alto de exceso de mortalidad mundial, con 808,619 muertes en exceso cuando las condiciones estructurales del país sugerían aproximadamente 500,000 fallecimientos esperados. La Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19, integrada por reconocidos especialistas como Jaime Sepúlveda, Julio Frenk y Julia Carabias, documentó que casi cuatro de cada diez muertes en exceso —aproximadamente 300,000 vidas— fueron atribuibles directamente a fallas en la gestión gubernamental y pudieron haberse evitado.
El fracaso de López-Gatell está documentado con cifras demoledoras: el 4 de junio de 2020 pronosticó un máximo de 35,000 fallecimientos, pero México alcanzó cifras 23 veces superiores. Mientras el promedio mundial de letalidad fue de 2.4%, México registró 9.8%, cuatro veces superior. Su negativa sistemática a realizar pruebas masivas recomendadas por la OMS, la minimización del uso del cubrebocas con declaraciones como “tiene una nula utilidad”, y la subordinación de decisiones sanitarias a caprichos políticos costaron cientos de miles de vidas.
La negligencia se evidenció también en el número más alto de muertes de personal médico en el continente americano: 4,843 profesionales de la salud perdieron la vida, cifra que supera en 140% a Estados Unidos. Su irresponsabilidad personal quedó documentada cuando paseó sin cubrebocas mientras estaba contagiado de COVID-19. La presidenta Sheinbaum minimiza nuestras críticas calificándolas como “los mismos de siempre”, pero ignora que la propia OMS documentó que México tuvo una de las respuestas más deficientes a nivel mundial. El nombramiento envía una señal alarmante sobre la falta de compromiso del Estado mexicano con los estándares internacionales de salud pública.
Estimados lectores, mi actividad editorial sobre López-Gatell no ha sido casual ni oportunista. Como médico certificado en salud pública y como legislador responsable, he mantenido una crítica fundamentada y consistente basada en evidencia científica y en la defensa del derecho constitucional a la salud de todos los mexicanos. López-Gatell representa todo lo que está mal en la gestión pública de la salud: soberbia, improvisación, politización y desprecio por la evidencia científica. Por eso, desde 2020 hasta hoy, he mantenido una posición firme: debería estar enfrentando la justicia, no siendo premiado con cargos internacionales.
Simultáneamente, el decreto presidencial para la incorporación del Programa IMSS-Bienestar al régimen ordinario del IMSS sin recursos adicionales constituye un saqueo institucionalizado a las reservas financiadas con cuotas obrero-patronales. Este programa operó 45 años con 21 mil millones de pesos en 2024, pero el Presupuesto 2025 no le asignó un solo peso.
En diciembre de 2024, el Consejo Técnico del IMSS autorizó usar 10 mil millones de pesos de las reservas institucionales para evitar el colapso de 81 hospitales rurales en 19 estados y el despido de 28,000 trabajadores. Este dinero pertenece exclusivamente a los trabajadores del Seguro Social, no al gobierno federal. La violación constitucional es flagrante: la presidenta carece de atribuciones para disponer de las reservas del IMSS. Esta decisión corresponde exclusivamente al Consejo Técnico del IMSS, integrado por representantes de trabajadores, patrones y gobierno federal en forma tripartita, conforme al artículo 264 de la Ley del Seguro Social.
La transferencia implica asumir el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de todos los trabajadores del Programa IMSS-Bienestar, generando un pasivo creciente que compromete cualquier promesa de reintegro futuro. Los estados no afiliados tendrán que pagar compensaciones cuando el IMSS atienda su población.
Los trabajadores del IMSS-Bienestar han denunciado violaciones sistemáticas: pérdida de antigüedad, recortes salariales, traslados forzosos y amenazas de renuncia sin liquidación. El Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud ha documentado que se obliga a doblar y triplicar turnos sin retribución, mientras se adeudan primas dominicales y pagos por días festivos. Estas medidas constituyen el reconocimiento implícito de que el organismo público IMSS-Bienestar ha fracasado rotundamente. La transferencia sin recursos adicionales provocará mayor saturación y precarización de todos los subsistemas del sector público de salud, afectando a 10 millones de personas sin seguridad social.
Ambas decisiones revelan el verdadero rostro de un gobierno que premia la incompetencia con cargos internacionales y saquea las reservas de los trabajadores para financiar sus ocurrencias. El nombramiento de López-Gatell es un insulto a la memoria de las víctimas. El traspaso del IMSS-Bienestar constituye un desfalco que violenta las facultades constitucionales y compromete el patrimonio de los trabajadores mexicanos.
