León. Gto., 19 de junio.- El procurador de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, José Raúl Montero de Alba, informó esta mañana que durante el año pasado, se emitieron 1 mil 188 expedientes de queja de las que resultaron 376 recomendaciones a autoridades municipales y estatales las que fueron aceptadas al 100 por ciento.
Así lo destacó durante una reunión de trabajo que sostuvo el Ombudsperson guanajuatense ante diputadas y diputados de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado de Guanajuato.
La reunión, que se realizó de manera virtual, fue el marco de la presentación del XVI Informe de actividades de dicho organismo con énfasis en las acciones realizadas durante el año pasado.
En días previos, la PDHEG dio respuesta a 95 preguntas que formularon los diferentes grupos parlamentarios para ampliar los alcances del Informe, las cuales fueron entregadas en tiempo y forma en este ejercicio de rendición de cuentas.
Montero de Alba mencionó que en 2019 se iniciaron mil 188 expedientes de queja de los cuales se emitieron 376 recomendaciones a autoridades municipales y estatales, cuya aceptación del 100 % se reconoce como un logro histórico desde la creación del organismo.
Se detalló el acompañamiento a víctimas con más de 6 mil asesorías legales y el apoyo psicológico que se brindó a mil 148 usuarios.
Habló también de las 341 medidas disciplinarias que se aplicaron a servidores por los órganos de control interno de las dependencias que derivaron de las recomendaciones emitidas por este organismo.
Por otro lado, señaló que durante el periodo del cual se rindió cuenta se realizaron mil 846 actividades con las que se logró integrar a 148 mil 941 personas bajo esquemas de educación, capacitación y divulgación de los derechos humanos, de este total, 8 mil 229 corresponde a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
Hizo énfasis en el trabajo conjunto que realiza la PDHEG con la sociedad civil y con otras instituciones, pues dijo que solo unidos es posible establecer bases firmes para erradicar cualquier acto u omisión que vulnere la dignidad de las personas.
En este sentido, subrayó la alianza que se tiene con 334 organizaciones de la sociedad civil que conforman la Red Interinstitucional.
Incluso, explicó que se han aportado observaciones a 37 iniciativas de reformas de ley de esta legislatura, las cuales tienen como propósito incorporar la perspectiva de derechos humanos en el marco normativo estatal.
Montero de Alba aseguró que entre las actividades de mayor relevancia se realizaron en 2019, estuvo la firma de la Declaración Conjunta y Decálogo de Acciones sobre los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en el cual participaron los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, bajo el compromiso de adoptar acciones estratégicas para una mayor protección, respeto y garantía de los derechos.
Subrayó las revisiones puntuales que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato ha hecho al organismo para corroborar un ejercicio austero, transparente y alineado a los programas estratégicos que aprobó la legislatura para el ejercicio fiscal 2019.
El Procurador de los Derechos Humanos puso sobre la mesa, los efectos económicos, sociales y sanitarios que vivirá la sociedad en particular quienes conforman los grupos en condiciones más vulnerables tras la pandemia que se hoy se vive.
Y detalló las acciones que se han realizado para proteger los derechos humanos de las personas, en especial de aquellos grupos en condiciones de vulnerabilidad.
En este ejercicio, se dio respuesta a los temas planteados por las y los legisladores relativos al acompañamiento y atención de los familiares de víctimas de desaparición; de las principales acciones desplegadas para la defensa de los derechos de niñas, niños, adolescentes; de los mecanismos para prevenir, atender y erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer; las iniciativas para fortalecer la capacitación de cuerpos policíacos municipales y estatales para reducir la violación a la dignidad de las personas, entre otros.
Finalmente, se explicó el uso de nuevas tecnologías de la información y herramientas para recibir quejas así como mejorar su accesibilidad; la presencia del Ombudsmóvil en los 46 municipios de la entidad; los indicadores sobre educación y capacitación en derechos humanos; el mecanismo de evaluación del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria y las iniciativas generadas a través de la Red Interinstitucional en favor de los grupos vulnerables.
