Esta no es una consigna alarmista: es una realidad que ya se vive en juzgados, notarías y despachos. Bajo el manto de la impunidad, grupos criminales intimidan, amenazan y despojan bienes inmuebles con un mensaje brutal: “esta propiedad es mía y no te atrevas a denunciar”.
El daño no es sólo patrimonial; es un golpe directo al Estado de derecho y a la vida.
Según registros de medios, de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Gobierno, en los últimos cinco años se han documentado en Guanajuato más de 180 eventos de amenazas y ataques contra abogados relacionados con litigios de propiedad y defensa patrimonial.
De ellos, alrededor de 60 se concentran en León, el municipio más poblado del estado y el tercero del país; el resto se distribuye en Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao y la zona Laja-Bajío.
El patrón es claro: llegan mafias con abogados foráneos, desconocidos en la práctica local, que promueven juicios, inscripciones y posesiones con documentación dudosa.
Paralelamente, se despliega la intimidación: llamadas, seguimientos, advertencias y, en casos extremos, agresiones. En León, el promedio anual de amenazas a legistas pasó de 8 en 2020 a 15 en 2024; en el resto del estado, de 18 a 28 en el mismo periodo.
No sólo los abogados están bajo fuego. Los ataques se extienden al personal de impartición de justicia: jueces, fiscales y notarios. En cinco años se han reportado al menos 45 incidentes de presión indebida, amenazas o coacciones contra operadores del sistema, con mayor incidencia en juzgados civiles y notarías que conocen de transmisiones de dominio y sucesiones.
El objetivo es quebrar la legalidad desde adentro.
La respuesta institucional ha sido insuficiente. Según el Colegio Estatal de Abogados, son 15 los legistas que han pedido formalmente protección sólo en este año; la cifra es baja frente al universo de casos, lo que revela miedo a denunciar y falta de confianza. Se requiere que las autoridades brinden apoyo inmediato, eficaz y preventivo, no reactivo.
Es indispensable una intervención integral: unidades de inteligencia con estrategias de investigación criminal; mapas de calor por municipio y tipo de despojo; y la actuación decidida de la Inteligencia Financiera para seguir el dinero, congelar cuentas y reducir la operatividad de los grupos delincuenciales que lucran con la tierra ajena.
Asimismo, urge establecer módulos y sistemas de atención anónima, con ventanillas únicas que atiendan de inmediato las denuncias y blinden a las víctimas. La coordinación de los tres órdenes de gobierno debe traducirse en protocolos claros de protección a abogados en riesgo y a operadores judiciales, con escoltas temporales, botones de pánico y seguimiento puntual.
Si es necesario, habrá que impulsar reformas legales para la defensa sistemática del Poder Judicial y, en especial, de los abogados que sostienen la legalidad. No se puede permitir que el crimen amplíe su accionar sobre la propiedad inmobiliaria en Guanajuato ni en México. Defender la vida y la impartición de justicia es defender la paz social. El Estado de derecho no se negocia.
