La sobrepoblación de reos en los centros de readaptación social es un punto fundamental para la implementación de dispositivos de geolocalización, los cuales fueron presentados por la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato ante el consejo del Poder Judicial del Estado el pasado 11 de septiembre.
Aunque no fue aceptado esto por el titular de la dependencia de seguridad Alvar Cabeza de Vaca Apendinni, abogados litigantes especializados en derecho penal, comentan que este tipo de acciones se debieron implementar desde hace ya tiempo atrás, pues cada día, hay más sobrepoblación en los penales, los cuales generan un severo gasto al gobierno.
“Es urgente implementarlos, sí; pero voy más allá, todavía ampliarlos a otro tipo de rubros super necesario, independientemente del costo que tiene un valor de aproximadamente 25 mil pesos, en determinado momento creo que tan solo si lo comparamos con el costo que tiene una audiencia, los custodios, mantenerlos ahí dentro, obviamente es mucho menor el costo del brazalete”, Santiago Solórzano, Abogado Penalista.
En Guanajuato, según datos del Inegi, a inicios del 2019 en los 10 penales que se encuentran en la entidad, se tenía registrada una población de 5 mil 410 reos, es decir, un 80% de sobrepoblación de los cuales el 33%, esperan aun su condena.
“Pues se me hace una buena opción, principalmente para uno que ya sabe cuánto tiempo va a estar, pero por ejemplo mi familiar lleva ya un año, y aún no lo sentencian”, Familiar de reo.
La sobrepoblación de reos en los centros de readaptación social es un punto fundamental para la implementación de estos dispositivos de geolocalización.
“Precisamente se les da este beneficio no a aquellos a los que se cree que puedan sustraerse de la acción de la justicia, sino se les concede estos beneficios a aquellas personas que tienen perfiles idóneos, que son puntuales en sus citas con el juez, que tienen un buen comportamiento, que ya han compurgado más del 50% de la pena que les ha impuesto, ciertas características que tienen estas personas que se hacen acreedoras a este beneficio”, Claudia Barrera Rangel, Presidenta del Poder Judicial.
El costo de cada brazalete es de 23 mil 100 pesos, mientras que mantener a un preso por día va desde 140 pesos, esto sin contar el salario de custodios, alimentos, medicinas, uniformes, energía eléctrica, mantenimiento de los reclusorios, labores educativas, artísticas, deportivas y culturales.
