La inseguridad pública es uno de los problemas y demandas más apremiantes de la población mexicana que se manifiesta de múltiples maneras; una de ellas, es la extorción, cuyo índice ha mostrado un aumento significativo en los últimos años en nuestro país, con un 22.9 % en su incidencia de enero a octubre de 2025, según fuentes oficiales. En este tenor, cabe reflexionar: ¿con la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión disminuirá su incidencia?
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española −de la Real Academia−, la extorsión se define como la Presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio.
Esta situación ha afectado tanto a particulares como a negocios y organizaciones que han sido víctimas; e incluso, el aumento de incidencia de la extorsión se ha concentrado en el uso de violencia psicológica para intimidar a las víctimas en un 83 por ciento en el primer semestre de 2025, con 5,887 víctimas registradas.
En este contexto, las cámaras del Congreso de la Unión finalmente aprobaron la creación de una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión que, sin duda, endurece las penas por este delito y establece la creación de unidades especializadas para investigarlos entre otras bondades.
Por lo pronto, en estos días la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, publicará en el Diario Oficial de la Federación, el proyecto que decreta la Ley General en Materia de Extorsión que, como “ley marco”, Reglamentaria de la Fracción XXI del artículo 73 de la Carta magna, impacta a nivel federal en la modificación de los códigos Penal Federal y Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes Federal Contra La Delincuencia Organizada, la Nacional de Extinción de Dominio y de la Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Aunque también, en los próximos meses los gobiernos estatales y municipales tendrán que hacer lo propio, a efecto de armonizar su marco jurídico con el propósito de preservar la unidad y sistematicidad jurídica. Pero, sobre todo, la cooperación y coordinación entre los tres órdenes de gobierno para hacerle frente a la delincuencia organizada. ¿Será?
Ustedes tienen la palabra.
