En la vida democrática, es un hecho inédito en nuestro País la Ley Federal de Revocación de Mandato que reciente fue aprobada por el Poder Legislativo y publicada en el Diario Oficial. Pero estamos en un inicio que, a mi ver, deberá evolucionar para aplicarse en gobernadores y otros funcionarios de elección popular.
¿En qué consiste esta nueva Ley? Simple y sencillamente en que los mexicanos podremos decidir si, por primera vez, el presidente de la República se va o se queda cuando apenas va a la mitad de su sexenio.
Ahora sí que Andrés Manuel López Obrador buscó esta figura y finalmente la consiguió pese a la suspicacia de muchos, que ahora ven “la inminente posibilidad de preservación del poder”, cuando es al contrario.
La Cámara de Diputados aprobó las reformas constitucionales que regularán la revocación de mandato para quienes ocupen cargos de elección popular, es decir que está abierta la posibilidad de hacerse extensiva a otros estratos y órdenes de gobierno.
En el caso de aplicarla al actual Ejecutivo Federal, es necesario que la solicitud provenga de la ciudadanía quien deberá anexar las firmas del 3% del electorado inscrito en la lista nominal, o sea 2.7 millones de personas de, por al menos, 17 entidades federativas.
Este proceso está en puerta, porque la solicitud debe estar a más tardar en los primeros 15 días del próximo diciembre. Si es así, el INE será el encargado de llevar a efecto la consulta que, según los plazos que establece la Ley, la consulta será en marzo de 2022.
Para que el referéndum sea procedente, deberá votar al menos el 40% del electorado, que son 36 millones de ciudadanos. Aquí viene lo interesante, para ver en qué medida se podrá hacer proselitismo en pro o en contra de la revocación ya que desde ahora hay promoción, en redes, del abstencionismo.
Falta que el Congreso de la Unión apruebe una ley reglamentaria para regular el proceso de revocación de mandato, aunque el INE ya trabaja en los lineamientos para su operatividad.
Debemos recordar que, para la consulta ambigua sobre el pretendido enjuiciamiento de los expresidentes de México, solo acudió a las urnas el 7% del electorado y ni en sueños esta pudo ser vinculante.
El costo de esa consulta fue de 528 millones de pesos y para el referéndum de Revocación de Mandato se presupuesta que sea de 9 mil millones de pesos.
Esta es una de las principales críticas a esta nueva Ley porque tendría un costo altísimo y el resultado podría ser con una participación muy pobre, sin ser vinculante.
López Obrador confía en mantener su nivel de aceptación como ningún otro mandatario en la historia reciente de México lo había mantenido. La democracia es la democracia.
En el caso de que se lograra que el proceso de revocación prospere, otra crítica es que la Ley señala que de manera interina asumiría el cargo el Presidente de la Cámara de Diputados y en un plazo no mayor a 30 días, el Poder Legislativo deberá nombrar al sustituto para que termine la otra mitad del sexenio.
En Estados Unidos la figura legal de revocación de mandato no se tiene para el Presidente, pero existe para los gobernadores y otros funcionarios en 26 de los 50 estados que conforman a la Unión Americana.
El caso mediático más reciente fue el del Estado de California, donde el gobernador, Gavin Newsom, libró un intento de revocarlo de su mandato con 60 por ciento de los sufragios contabilizados.
Muy a su manera, en América Latina otros países ya tienen sus leyes de revocación de mandato y son Ecuador, Venezuela, Bolivia, Perú, Panamá, Argentina y Colombia.
Volviendo a México, los congresos de las entidades federativas deberán de asumir la adaptación de la Ley y emitir las propias para que se pueda dar la facultad ciudadana de que: si yo te elegí, yo te puedo quitar.
Si se aplicara en Guanajuato, con los grados de aceptación que ha tenido nuestro Gobernador, Diego Sinhue, seguro que no se quedaba en el cargo. Una cosa son las campañas electorales en las que se prometen el cielo y las estrellas y otra distinta es estar en el cargo, donde te das cuenta de que la realidad supera tus pretensiones.
Imaginando utopías, así como en Estados Unidos se puede remover de su puesto a distintos funcionarios, seguramente uno de los que ya no estarían es el Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre, por los “excelentes resultados” que sólo él ve en materia de seguridad.
Solo que me olvidaba que el Fiscal sempiterno no fue electo por la ciudadanía sino por determinación de exgobernadores y gurús del partido en el poder en el Estado.
