La reciente negativa de la Suprema Corte de Estados Unidos para dar entrada a la demanda del Gobierno de México en contra de empresas fabricantes de armas no es solo un revés jurídico: es un acto de omisión que, en los hechos, equivale a blindar a los principales facilitadores del armamento que nutre a los cárteles del crimen organizado en nuestro país.
La violencia que desangra regiones enteras de la República no se sostiene únicamente con sicarios y dinero ilícito: se sostiene, sobre todo, con las armas que cruzan la frontera desde territorio estadounidense sin mayor control, muchas de ellas fabricadas y vendidas con conocimiento de su destino final.
Es increíble que no prosperen demandas en contra de fabricantes y vendedores de armas en EU, siendo que en propio territorio estadounidense ocurrieron 487 tiroteos masivos en 2024, que dejaron casi 16 mil víctimas, entre heridos y muertos.
La Corte estadounidense ha dejado claro que la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas sigue vigente como escudo casi absoluto para los fabricantes, quienes operan con una inmunidad que ningún otro sector industrial disfruta.
Existen rutas alternas que aún pueden explorarse para continuar esta lucha por la justicia transnacional.
Una de ellas es llevar el caso a tribunales estatales dentro de Estados Unidos. Algunos estados han desarrollado marcos legales más estrictos sobre la responsabilidad civil de las empresas de armas.
Nueva York y Massachusetts, por ejemplo, cuentan con legislaciones que podrían permitir juicios con base en prácticas comerciales negligentes.
Demandar en esas jurisdicciones abriría la posibilidad de que un juez local valore el fondo del asunto: si las empresas arman deliberadamente a intermediarios sabiendo que sus productos acabarán en manos del crimen organizado fuera de Estados Unidos.
Recordemos que, por lo pronto, sigue vigente la demanda que realizó México en contra de cinco tiendas distribuidoras de armas en Tucson, Arizona, y que se está investigando al respecto porque se presentaron argumentos y pruebas suficientes.
Otra opción es fortalecer la evidencia en colaboración con organismos internacionales, organizaciones civiles y académicos que han documentado el flujo de armas desde EU hacia México.
El caso se puede robustecer con estudios forenses, trazabilidad de armas decomisadas, y testimonios de víctimas. Algo en ese sentido interpuso el Gobierno de Guanajuato, anterior (de Diego Sinhue), pero ya no se dijo que qué quedó el tema y si el Gobierno de la Gente le va a dar seguimiento.
La presión de la comunidad internacional también puede jugar un papel fundamental, ya que México no es el único país afectado por esta irresponsabilidad armamentista.
En paralelo, México debe intensificar su ofensiva diplomática. Llevar el tema a foros multilaterales como la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas o incluso el G20, donde se pueda exponer que el tráfico de armas no es un asunto bilateral sino regional, con consecuencias humanitarias.
Asimismo, el país puede desarrollar legislación espejo que sancione a fabricantes y distribuidores extranjeros cuyos productos estén vinculados a delitos en territorio nacional. Especialmente porque la mayor parte del tráfico es ilegal.
Aunque tales sanciones sean simbólicas o de difícil ejecución práctica, su valor jurídico y político reside en la creación de un precedente. Podrían incluirse mecanismos de restricción comercial, sanciones financieras y demandas civiles dentro del país, en colaboración con víctimas y asociaciones de derechos humanos.
De los cerca de 200 mil homicidios dolosos cometidos en México, en el sexenio pasado, el 73% fueron por armas de fuego, según datos del propio INEGI.
No es exagerado decir que, al proteger legalmente a los fabricantes, la Suprema Corte norteamericana está indirectamente favoreciendo a quienes siembran terror en México e inundan de drogas a su país.
Lo menos que puede hacer México es no rendirse. La justicia, aunque lenta, también se construye con tenacidad.
