La representación ciudadana no es negocio; cambiando el paradigma de la participación civil

Jorge Marcelino Trejo Ortiz
Maestro Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato

La participación empresarial en la sociedad leonesa ha sido sui géneris, un verdadero motor de cambio social que ha sido cause para la participación ciudadana durante años de presencia y activismo como protagonista de los gobiernos de la época moderna.

Fue a mediado de los años 80’s que incursionaron los primeros gobiernos municipales encabezados por empresarios, que bajo la valida premisa de ser sociedad civil fueron contrapeso del gobierno hasta lograr encabezarlo con Carlos Medina Plascencia bajo las siglas de Acción Nacional; Eran los inicios de una globalización que obligaba a todos los países del mundo a abrir sus fronteras comerciales y México no era la excepción, esa inercia permeó en la administración pública en un ánimo de descentralización cuya finalidad era hacer más eficientes y especializados nuestros gobiernos.

Es así que la elite empresarial de la región a partir de los años 90´s tomó de manera directa o indirecta las riendas de la administración pública, con la promesa de traer la eficiencia y el rendimiento de sus empresas al ámbito público, hemos de reconocer logrando algunos primeros gobiernos que cumplieron con el objetivo.

Es aquí donde nace la figura de los Consejos Ciudadanos, una nueva forma de gobierno que le apostaba por un mayor involucramiento de la sociedad (sobre todo del sector empresarial) en los temas públicos, apostándole al expertiz y especialización de perfiles que no necesariamente llegan a los gobiernos de manera natural, de ahí aquella memorable frase que arengaba Manuel J. Clouthier “Tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario”.

Un hibrido interesante y efectivo en un inicio para las condiciones socio – políticas de nuestra ciudad, que pudo incluir la visión del empresariado generador de economía y dotándole de transparencia sirviendo de contrapeso al poder público; Sin embargo esta figura de gobernanza a más de 30 años de su implantación no ha escapado al desgaste natural de la actividad de gobernar, cada vez más están en entredicho las gestiones de aquellos “ciudadanos” que se involucran en la administración pública, ya que se adivinan en ocasiones intereses personales o empresariales más que una genuina vocación de aportar desinteresadamente al desarrollo de nuestra ciudad.

Lo que antes fue virtud suele convertirse en defecto, hoy en la inercia política – administrativa se asoma la imperiosa necesidad de retomar los temas públicos, centralizando de nuevo al poder público todas sus facultades y obligaciones; lo anterior encuentra eco bajo los muchos casos de suspicacias y malas gestiones que conocemos de manera ordinaria, acompañado de un endeble marco jurídico bajo el cual no se asumen como servidores públicos es evidente que administran y gestionan recursos públicos.
Cada caso de corrupción, cada consejo integrado por cuotas de poder y cada vez que se utilizan a las cámaras, colegio y organizaciones civiles como trampolín para intereses cupulares es que se legitima la necesidad de combatir la ficción de la representación ciudadana que se acusa (injustamente) ha sido coptada por el sector empresarial.

Es por eso que debemos de cuidar estos canales de participación, perfeccionar la conformación de los Consejos Ciudadanos que acompañan al Gobierno en su responsabilidad de administrar y gobernar, incluir a la academia, a los investigadores y a las asociaciones civiles que representen fielmente las necesidades y no solo los intereses del sector descentralizado.

Dejar (por ejemplo) la administración del agua potable en manos solo de cámaras empresariales pasó de ser una virtud a un despropósito que enrarece su conformación, lo mismo sucede cuando la planeación de la ciudad está sujeta no a los gobernantes si no a unos cuantas figuras empresariales que se eternizan en los consejos consultores o directivos al igual que sus funcionarios.

¿Dónde está la academia especializada y las organizaciones civiles?

¿Dónde están los usuarios finales de los servicios?

En días pasados uno de los Síndicos del próximo Ayuntamiento el C. Jose Arturo Sánchez Castellanos nos adelantaba vía twitter la urgente necesidad de implementar un Consejo Rector de Organismos Públicos con participación ciudadana, propuesta de la Presidenta Electa Lic. Alejandra Gutiérrez que está decidida a meter en cintura a todos estos consejos para que no tomen decisiones por encima del Ayuntamiento que debe de ser siempre la máxima autoridad por ser la que detenta la voluntad popular.

Ejemplos vergonzosos de lo anterior desgraciadamente hay muchos:

No debemos de olvidar a aquel empresario que siendo presidente de SAPAL se benefició en terrenos de su propiedad (que no declaró) con obras de drenaje y agua potable, lo que le valió ser el primer sancionado por el Sistema Estatal Anticorrupción y aun así fue reconocido y homenajeado por el mismísimo Presidente Municipal.

Debemos de tener siempre presente que hubo una Presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia que presuntamente intercambio favores de contratación de servicios (cursos y capacitaciones) con las propias áreas de seguridad municipales a las que tenía que vigilar

Estamos cansados de empresarios, constructores, funcionarios y líderes de consejos, gremios o cámaras que tienen acceso a información privilegiada y que no resisten la tentación de caer en conflicto de intereses, tráfico de influencias o en cualquier otra pueril forma de corrupción.

Es por eso que la propuesta de la Licenciada Alejandra Gutiérrez es plausible y para acompañarla es necesario que nos activemos todas las organizaciones civiles, colegios y cámaras empresariales para que la representación no quede siempre en los mismos, de esta manera oxigenaremos la representación ciudadana y que esta no se vicie o estanque.

Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido y es responsabilidad de todos que cuidemos la existencia de todos los medios de participación ciudadana, so pena de debilitarlos y consecuentemente provocar su irremediable extinción.