El martes 1 de septiembre, el Presidente de la República rindió su segundo informe de gobierno, al margen del discurso político de la mañana, de ese dia un servidor se tomo la tarea de revisar el documento compartido en redes sociales, un informe de mas de 1,200 cuartillas en las que se incluyen los debidos anexos estadísticos, encontrando que uno de los grandes componentes de la política criminal (la respuesta del Estado al fenomeno delictivo, no la foma de hacer poliíica de algunos actores, breve chiste), esta escasamente representada en el informe, la Prevención del Delito.
Si bien la definición de Prevención del Delito depende de la corriente o modelo que se desarrolle , un servidor se decanta por la de tipo Social, la cual puedo definir de la siguiente manera: “Medidas no penales, multidisciplinarias, aplicadas a los factores de riesgo estrucuturales, determinados por la investigación empírica como precursores de las conductas antisociales e ilícitas, con la finalidad de disminuir la posibilidad del comportamiento delictivo, antisocial, parasocial o de victimización”.
En el informe, se comenta dentro de un capítulo denominado “Emprender la Construcción de la Paz”, resultados como capacitar, en global, 550 funcionarios para desarrollar una estrategia denominada “redes vecinales de apoyo solidario”, sin decir cuantas redes se conformaron, en que entidades y municipios, asi como las acciones realizadas por dichas redes, señalan que ademas realizaron dos diplomados de prevención del delito con 96 funcionarios participantes, sin mas indicadores; continuando con los resultados ofrecidos, informan que realizaron un evento en sinaloa con 2,130 participantes, y que hicieron un proyecto deniminado “Alertin, el conejo de la prevención”, con el cual se desarrollaron 86 platicas con 7,370 participantes.
Mencionan que autorizaron 600 proyectos de mejoramiento urbano, pero solo en 20 entidades federativas, sin señalar su proceso de ejecución y sus resultados.
Si bien en el mismo informe se refieren a muchas acciones que impactan en los factores estructurales de las conductas ilícitas, como son educación, empleo, vivienda, salud, etc., no hay una politica rectora de estas acciones dentro de un parametro de política criminal como se entiende en el contexto global, a lo que sumamos que ademas acaba de desaparecer la subsecretaria de prevención de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual si bien se explica en el contexto de la austeridad, tambien lo es que no se puede ahorrar en todo en un gobierno, y menos en la esperanza de acciones de gobierno que ayuden al mantenimiento de la paz.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana refiere en el informe muchas acciones de seguridad operativa, mesas, coordinación, detenciones y aseguramientos, sin duda importantes, pero lo que esta de fondo, al menos en mi opinión, es la ausencia de una politica publica preventiva, que puede constituir un parametro para las entidades federativas y municipios, quitandole atención a lo importante por lo urgente, resultados como los expuestos en el informe son poco alentadores, en nuestro país se busco desde el 2006 impulsar una política de prevención, de la cual se emitieron primero lineamientos y posteriormente los mismos tomaron obligatoriedad al constituirse una ley en el año 2012, que incluso a sido imitada por varias entidades federativas; tener una ley sin materia, enunciativa, sin exigencia, es como no tener ley, y el problema mayor es que cuando la prevención pierde prioridad, se privilegia el castigo, la mano dura, perdemos el bosque por atender el arbol, y ese bosque es nuestro futuro y el de las próximas generaciones, debemos hacer y exigir mas en la materia, no solo al gobierno federal, sino a los demas niveles de gobierno, lo que ponemos en riesgo no es poco.
