Es un hecho que el mundo como lo conocíamos no estaba preparado para enfrentar un escenario como el que hemos vivido derivado de la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19); y el rubro de control de la corrupción no es la excepción. Sin embargo, es un deber de evolución social diagnosticar las fallas que se han presentado y diseñar estrategias innovadoras que aminoren los riesgos de corrupción presentes ante eventualidades como la vivida.
Contamos en México con un cuadro legal robusto para exigir transparencia en las actuaciones del gobierno; sin embargo, la aplicación de estas normas dista mucho de ser perfecta, siendo que la presencia de la corrupción es un hecho innegable y permanente, en donde los corruptos se esmeran en encontrar las zonas grises de la ley o los puntos de interpretación flexible para lograr llevar a cabo corruptelas aún dentro de los márgenes legales, burlando el espíritu del legislador.
El año 2020 el mundo se vio sorprendido y azotado por una pandemia sin precedentes, que nos obligó a recluirnos en nuestros hogares, tuvimos que reaccionar ante la pandemia, pues no se contaba con mecanismos ni físicos ni jurídicos adecuados que permitieran salvaguardar la salud al mismo tiempo que continuar con las actividades normales de la sociedad.
Como una medida de seguridad cerraron las oficinas públicas, se decretó la suspensión de términos relativos a todas las solicitudes de información y se emitieron decretos para permitir la realización de compras de emergencia de una manera más rápida y flexible, evitando los controles ordinarios; generándose así, un espacio en el que por impedimentos de carácter físico se alteraron los procesos estipulados en ley y la vigilancia ordinaria de los mismos.
Los estudios realizados por la organización Transparencia Internacional nos revelan que uno de los daños colaterales de la pandemia a nivel mundial ha sido el aumento en la corrupción. Estas afirmaciones son corroboradas por el Instituto Mexicano de la Competitividad IMCO, quien al realizar un estudio sobre las compras realizadas entre el 1 de enero de 2020 y el 28 de febrero de 2021 por las Secretarías de Salud, de la Defensa Nacional y de Marina, así como el Instituto de Salud para el Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado encontró gran opacidad y falta de información en las compras efectuadas.
Como ejemplo solo pudieron identificar en el periodo señalado en las compras efectuadas por el INSABI, 10 contratos para atender la pandemia los cuales solo corresponden al 1% del monto total gastado en el 2020.
De igual forma, es una constante la publicación tardía de los contratos de todas las dependencias. Detectando también, posibles casos de sobreprecio, pues la SEDENA pagó 2.3 veces más por un producto con un mes de diferencia y como siempre, la presencia de empresas todólogas, señalando de que SEDENA compró medicamentos a empresas dedicadas a la venta de muebles.
El desafío que enfrentamos como sociedad consiste en diseñar estrategias funcionales que consideren cuestiones normativas y de operación que nos permitan garantizar los mecanismos de transparencia y confiabilidad en las contrataciones aún frente a amenazas como la vivida en este escenario de pandemia.
Dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, esto lo entienden bien los corruptos y lo aplican a su favor. Por lo pronto, por cuestiones de la emergencia de salud, el río estará revuelto un buen rato mas, lo que debemos hacer es controlarles las manos a los corruptos en el escenario que sea.
