La OCDE y su intervención anticonstitucional y violatoria de los Derechos Humanos

Dr. Sergio Aguilar Rodríguez
Dr. Sergio Aguilar Rodríguez Pluma Platino News

Generalmente las reformas fiscales que emiten las autoridades fiscales son muy discutidas en el ámbito del derecho de los expertos en dicha materia, y muchas de las diferencias que se tienen con las autoridades es por la falta de estructura legislativa, pues son elaboradas al vapor por un área específica de la SHCP, y avalada por los diputados federales y senadores, y se dirimen en los tribunales que generalmente le dan la razón a las autoridades fiscales, con base en esas leyes mal elaboradas y a través de suposiciones que hacen las autoridades.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su intención por perfeccionar y estandarizar las leyes en los países que pertenecen a esta organización, han cometido mayores errores, que si dejarán de lado este intento de estandarización y dejarán las administraciones tributarias de cada país intentar por sí mismas modificaciones que los lleven a una mejor recaudación, tal es el caso de los BEPS que se han implementado en los países y que hace referencia a la erosión de la base imponible y al traslado de beneficios propiciados por la existencia de lagunas o mecanismos no deseados entre los distintos sistemas impositivos nacionales de los que pueden servirse las empresas multinacionales (EMN), con el fin de hacer “desaparecer” beneficios a efectos fiscales, o bien de trasladar beneficios hacia ubicaciones donde existe escasa o nula actividad real, si bien goza de una débil imposición, derivando en escasa o nula renta sobre sociedades.

Con este intento, en lugar de resolver la problemática transnacional han obligado a las autoridades y abogados de los contribuyentes se tengan que introducir al mundo del derecho penal, en donde aquí no es tema de suposiciones o apreciaciones o presunciones, sino comprobar ante los tribunales que en realidad en contribuyente realizó varios supuestos de ley, demostrado fehacientemente, y este tema de las BEPS, apenas está erosionando al mundo empresarial, profesional en los expertos de esta rama y a los poderes judiciales de esos países.

Todavía no se han resuelto este tipo de problemas cuando ya arrancó  con una nueva faceta que es “Acabar con los montajes financieros abusivos: Reprimir a los intermediarios profesionales que favorecen los delitos fiscales y la delincuencia de cuello blanco.”

Y se puede interpretar que los intermediarios profesionales son los que ayudan a la delincuencia organizada y son los profesionales que atienden y conviven con lo más bajo de la sociedad en que nos desarrollamos, pero nada más falso como ello, y continúa señalando la  OCDE en su mismo cuadernillo considera que “Los facilitadores profesionales desempeñan un papel fundamental en facilitar que los contribuyentes defrauden al Estado y evadan sus obligaciones tributarias; por ejemplo, ofreciendo estructuras y planes no transparentes para ocultar la verdadera identidad de las personas titulares de las actividades ilegales llevadas a cabo. Este tipo de actividad se ha convertido en un tema de importancia política nacional e internacional y que se ha cubierto ampliamente en los medios de comunicación. Estos escándalos también revelan la magnitud del problema social de la evasión fiscal: que socava la confianza pública, así como el dinero público y da lugar a una creciente sensación de inestabilidad causada por la desigualdad. A raíz de la pandemia del COVID-19, los riesgos emergentes continúan saliendo a la luz, tales como el rol potencial de los facilitadores profesionales en un acceso fraudulento a la financiación de apoyo para la pandemia. Esto pone de relieve el riesgo persistente que los facilitadores profesionales suponen para la sociedad.

Por lo tanto, los Estados han reconocido la necesidad de focalizarse en los facilitadores profesionales que buscan activamente oportunidades y ocultan la comisión de delitos fiscales y otros delitos financieros, con  el objetivo de poner fin a un aspecto crucial de la planificación y prosecución de la actividad criminal. Esta no es la única estrategia que se necesita para hacer frente a todos los delitos fiscales y financieros; sin embargo, es una que puede ser efectiva en cuanto a los costes a través de la reducción del acceso a medios sofisticados de evasión fiscal y fraude, reduciendo con ello las oportunidades de que se cometan dichos delitos.

Los países han comunicado, sin embargo, que, aunque reconocen la importancia de la cuestión, se enfrentan a obstáculos en su capacidad de perseguir eficazmente a los facilitadores profesionales. Este informe explora diferentes estrategias gubernamentales para detectar, disuadir e interrumpir las actividades de los facilitadores profesionales.”

Este texto me recuerda a aquellas palabras que señalan que “los doctorados son como títulos nobiliarios”.

Estos documentos son tan serios, o por lo menos deberían de serlo y estar muy lejos, de la comparación que hoy hago, ya que de entrada violan los derechos fundamentales de los mexicanos al violar su derecho consagrado en el artículo 5º Constitucional que “ A ninguna persona podrá impedir que se dedique a la profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos”, y está violación afecta a los profesionistas del derecho fiscal, ya que los está criminalizando sin pruebas y menos juicios que haga que se lleguen a estas conclusiones.

Además de violar  en el principio de autodeterminación, ya que  el contribuyente determina de manera preferente la carga fiscal, sin embargo y en caso de encontrar diferencias la autoridad administrativa puede optar por ejercer sus facultades de comprobación, para verificar dicha autodeterminación, este derecho también es violado para los empresarios pues los criminaliza por el hecho de decidir una de las opciones que señale la ley.

En caso de encontrarse frente a dos normas impositivas el contribuyente puede optar por elegir la que más le favorece de conformidad con lo expuesto en el artículo 1 constitucional; principio pro homine.

Todo esto sin que medie, insisto ni pruebas ni juicios contra profesionistas dedicados al área fiscal y empresarios.

Hoy quedaron en el pasado lejano esas palabras de orgullo de mi mamá cuando le preguntaban:  .

Oiga Lupita a que se dedica su hijo Sergio? Y con una sonrisa que que no le cabía en la cara de orgullo: Mi hijo, es Fiscalista.

Si mi mamá hoy viviera le diría: Mamá no lo grites, no vayan a pensar que soy criminal, así las cosas, es parte del precio que tenemos que pagar por estar en el primer mundo, será la pérdida de la Soberanía Nacional?, mi capacidad no alcanza para dilucidar tanto.

Hasta la próxima semana.