Los partidos de oposición han determinado una “moratoria constitucional” esto significa que de aquí hasta que termine el sexenio no permitirán la realización de ninguna reforma a la constitución.
Nuestra carta magna es definida como una constitución rígida, es decir que para poder hacerle modificaciones es necesario una mayoría calificada, lo vimos en el reciente caso de la pretensión de la reforma eléctrica que no pasó, pues el partido oficial y sus aliados no consiguieron las 2/3 partes del congreso para aprobarla. Sin embargo, es un hecho que se han realizado más de 750 reformas a aquel documento original promulgado en Querétaro en 1917, como referencia sirve precisar que la constitución de los Estados Unidos de América ha tenido solo 27 enmiendas en 231 años y la Constitución española de 1978 ha sido reformada solamente en tres ocasiones. Así a pesar de ser teóricamente una constitución rígida en la práctica encontramos que la mexicana es de las más modificadas del mundo.
Es un hecho que la realidad siempre va delante de la ley y es una misión clara de la ley el perseguir incansablemente a la realidad para poder normarla, considerarla y proteger al ser humano de las circunstancias en constante modificación, pero también es cierto que la solidez de conceptos y principios constitucionales otorga al país una referencia clara de identidad nacional y certeza jurídica de acción para los gobernados; en razón de esto es necesario hacer reformas constitucionales cuando sean realmente pertinentes y detener las reformas cuando no tienen una justificación real o cuando presentan regresión en los derechos fundamentales.
La oposición ha presentado la moratoria constitucional como un escudo frente a las intenciones del ejecutivo de realizar reformas que afectan derechos fundamentales, al modificar instituciones que han sido creadas para su protección como son el INE, el Sistema Nacional Anticorrupción y los organismos de transparencia entre otros, así como las reformas tendientes a incrementar la militarización del país. Esta estrategia es una manera de contrarrestar la aplanadora oficial que vivimos donde los legisladores aliados al ejecutivo pasan las reformas sin hacer un análisis, sin moverles una coma, a fin de cumplir los deseos del que pareciera su superior, olvidando con esto el principio de división de poderes. Haciendo uso del principio de mayoría se pretenden reformas evidentemente regresivas ante lo cual la oposición determina que no se pasará ninguna reforma constitucional de una manera categórica y haciendo uso también de su derecho de minoría busca impedir cualquier movimiento constitucional.
La moratoria constitucional es una medida extrema tal vez necesaria por la inercia que tenemos de falta de análisis y reflexión legislativa, pero es pagar con la misma moneda, se resumen a decir “no vamos a analizar porque ustedes no analizan” ¿Gana México con esto? Yo creo que no gana, solamente se defiende. Pierde sin lugar a dudas la democracia al estar inmersa en una discusión de números y porcentajes olvidando el debate y discusiones jurídicas, necesarias para un buen ejercicio legislativo.
Los fines políticos del Estado no pueden dañar los derechos fundamentales a los que hay que proteger incluso haciendo uso de una medida tan extrema como lo es la moratoria constitucional.
