En una utopía, todos los seres humanos podríamos viajar por todo el mundo porque somos habitantes de un mismo planeta. De hecho, la migración es un derecho humano, incluso sin la necesidad de tener la condición de los permisos legales de los países, según la ONU.
La tragedia ocurrida en San Antonio, Texas, (territorio norteamericano), donde la cifra más reciente nos indicaba un total de 53 muertos, la mayoría de ellos mexicanos y siete guanajuatenses, es un reflejo de una terrible realidad.
La controversia, incluso mundial, se centró en cómo los traficantes de seres humanos han corrompido a las autoridades de los países. Es increíble que el llamado “camión de la muerte”, pudo haber pasado tres filtros, uno en México y dos en la Unión Americana.
Curiosamente la tecnología tan avanzada no funcionó para la detección de una carga de decenas de personas, si es que se ostenta incluso los sistemas que detectan el calor de seres vivos.
Muchos de los supervivientes murieron después por las secuelas de haber estado a punto de la asfixia y de las temperaturas que alcanzaron en ese hacinamiento infame.
Los juicios deberán de encontrar culpables no únicamente entre los traficantes, llamados, por alguna razón ahora entendible, “polleros”, sino incluso en las autoridades aduanales y policiales de los dos países, incluyendo sus altos mandos.
No es la primera vez que ocurre un hecho como ese, tanto en nuestro país como en Estados Unidos. Personas muertas en el interior de cajas de tráileres, que más nos recuerdan a las cámaras de la muerte de la Segunda Guerra Mundial.
Otras veces más, miles de personas han sido rescatadas de estos tractocamiones y de otros vehículos, casi a punto de morir, y nos referimos a hombres, mujeres, niños y hasta personas de la tercera edad.
La normatividad internacional y las leyes de la mayoría de las naciones dicen, en papel, proteger los derechos humanos y las garantías individuales de las personas que migran, más por necesidad que por gusto.
En México, desde el Artículo primero de la Constitución Nacional reconoce de manera amplia, sin excepción, el derecho de gozar de todos los derechos (valga la redundancia) establecidos en la Carta Magna, los reglamentos, y en los instrumentos internacionales.
El derecho a la libertad de tránsito da la posibilidad de circular libremente por todo el territorio mexicano, sin que tal derecho sea restringido sino en virtud de una ley y por razones de interés público.
Aquí es donde vienen las normas que no permiten la existencia de “ciudadanos universales”. Los países establecen los controles de tráfico en la obligatoriedad de visas que, por otro lado, buscan la protección de los habitantes de un territorio determinado.
De ahí se deriva el derecho a la Asistencia Consular en la que cualquier autoridad del Estado mexicano, que detenga a una persona extranjera, tiene la obligación de informarle su derecho de contar con la asistencia de la autoridad consular de su país.
Aun así, los derechos universales de las personas, derechos humanos, no pueden ser violados, especialmente el del derecho a la vida y a la libertad, pero en su paso por el territorio, esto es lo primero de que se les priva.
Migrantes tanto mexicanos como centro y sudamericanos (y de otros países) están expuestos a una larga fila de peligros en los que, unos de tantos, son los grupos criminales y delincuentes comunes que los hacen víctimas de asaltos, secuestros, violaciones, extorsiones…
La labor de las autoridades y de los ciudadanos en general, está en brindarles la protección de esas garantías en todo lo posible.
En su mayor parte esa migración no se da por gusto, como la migración legal, sino que proviene de desplazamientos por condiciones deplorables en sus lugares de origen, tan terribles, que prefieren estar expuestos a todos los peligros que hemos referido.
