Una tercera parte de los medios nacionales lleva cada día en “la de ocho”, el tema que le va marcando el oscuro grupo de hackers denominado Guacamaya Leaks y, se quiera o no, impacta en la opinión pública, aunque cada día es un poco menos.
Los que vivimos del tema jurídico, quienes somos personas de leyes, nos brinca de inmediato que pueda ser tendencia mediática la difusión informativa que provenga de la vulneración, violación, intromisión o robo de información de una instancia como la Secretaría de la Defensa Nacional, en este caso.
Se trata de un ataque cibernético a una institución de gobierno mexicana y el hackeo que sufrió no puede ser otra cosa que un atentado muy grave, como es la sustracción de por lo menos cuatro millones de correos electrónicos, equivalentes a seis terabites, dicen.
Desde su aparición en marzo de 2022, Guacamaya dijo en una cuenta en Twitter no estar interesado en la política mexicana y que sus actos solo son una forma de activismo, o sea “hacktivismo”.
Pero si nos vamos a la definición: hacktivista es quien dice que no tiene un fin de lucro “sino político”, a través de la vulneración de sistemas de gobiernos o empresas, lo que significa delincuencia.
Que no me vengan con ese cuento, en este caso el lucro no puede ser solo monetario, sino político y de poder, el cual están ostentando con lo que obtuvieron de una acción ilícita.
Los ataques o robos informáticos a la Sedena no son los primeros que comete Guacamaya sino que antes lo ha hecho a dependencias gubernamentales de Guatemala, Chile, Brasil, Ecuador, Venezuela y el Salvador.
¿Quién o quiénes están detrás de todo esto? ¿Cómo dar fe de alguien que está en el anonimato, que se esconde detrás de una máscara de hacktivismo? El anonimato es sinónimo de cobardía, independientemente de que se diga una verdad o una mentira.
Si como individuos y como sociedad exigimos que personas o instituciones den la cara cuando señalan o hacen algo ¿por qué ahora sí dar crédito de alguien que se esconde en la oscuridad?
Muy diferente fue la aparición de WikiLeaks, creada como una organización mediática internacional, fundada por Julian Asange (incluso auspiciado por The Sunshine Press), quien dio la cara y aun así se encuentra preso en Reino Unido y, de ser extraditado a EU, podría recibir una condena de hasta 175 años.
Por el momento, la única dependencia que ha reaccionado en contra de Guacamaya Leaks es el INAI que acaba de abrir una investigación en contra de este grupo responsable del “hackeo de documentos clasificados”.
INAI había advertido que estas publicaciones pudieran poner en riesgo datos personales de funcionarios, además de atentar contra a la seguridad nacional.
Sin embargo, no solo INAI debe de indagar o actuar en contra de Guacamaya, sino que, al identificar la constitución de distintos delitos, tienen que intervenir la Secretaría de Gobernacion y la Fiscalía General de la República.
Por lo pronto, se ha hecho la advertencia a todas las demás instancias de Gobierno, léase Congreso y Senado, además de los gobiernos de las entidades y municipios y, por qué no, empresas privadas, a extremar sus protocolos de protección en sus sistemas cibernéticos.
¿Qué más daños puede causar Guacamaya Leaks? No lo sabemos, pero con tanta información en su poder y la que puedan robar de más, no solo puede comprometer situaciones internas de nuestra República, sino inclusive la relación con otros países, vulnerando aún más nuestra seguridad nacional.
Solo los leoneses entendemos bien la otra acepción de la palabra guacamaya y sabemos que esta no es una que tenga mucho chile del que pica, sino que es una guacamaya envenenada.
