A un año y medio del gobierno de la panista Samantha Smith, su administración ha sido marcada por la distracción y la tolerancia hacia la corrupción, lo que ha generado una cultura institucional de opacidad y omisión.
La primera mujer en gobernar Guanajuato capital ha asumido con excesiva tolerancia una serie de omisiones y errores de su equipo, lo que la señala tanto como a los responsables materiales.
Un repaso de los últimos meses revela una cultura institucional donde la corrupción, la omisión y la opacidad son los principios rectores, como se evidencia en los siguientes casos:
En mayo, Jorge Valencia, jurídico de la presidencia, agredió a un comerciante del mercado Hidalgo. A pesar de tener una sentencia por cohecho, fue nombrado director de Servicios Jurídicos. La respuesta inicial de Samantha Smith fue “separarlo del cargo mientras se investigaba”, pero la presión mediática lo llevó a ser despedido.
En octubre, los perros de Gerónimo Yebra, empleado del gobierno municipal, mataron al gatito Gary. Yebra intentó ocultar el cuerpo, pero fue descubierto y separado del cargo. Sin embargo, la autoridad local no aclaró la contradicción en la fecha de su despido.
En diciembre, Saúl Navarro, hijo de Samantha Smith y presidente del patronato del DIF municipal, fue visto sonriente en una foto con cazadores sosteniendo un venado muerto. A pesar de la controversia, sigue en su cargo. Su madre intentó defenderlo, argumentando que era una actividad privada que no afectaba su desempeño público, lo que es especialmente preocupante viniendo de la presidenta municipal, quien debería entender que la vida privada de un actor público puede tener impacto en su función.
Esta semana, Galo Morales, empleado de servicios jurídicos, fue detenido por manejar en estado de ebriedad y agredir a policías. La respuesta de la presidenta fue que no sería cesado, ya que había cumplido con su arresto y pago multas, y que el vehículo involucrado era privado. Al igual que en el caso de su hijo, la presidenta parece insistir en que la vida privada de un funcionario público no afecta su desempeño en el cargo.
“A mis enemigos la ley, a mis amigos la gracia” parece ser el principio rector del gobierno de Samantha Smith, donde la protección a ciertos funcionarios públicos y familiares es la norma, lo que plantea preguntas sobre su capacidad para gobernar con justicia y equidad. ¿Cómo puede ella recuperar la autoridad moral para sancionar faltas cuando su propio gobierno se ve envuelto en escándalos? ¿Desde dónde evalúa ella lo adecuado, lo inadecuado, lo correcto y lo incorrecto? ¿Está gobernando desde la ley o desde su moral privada?
Apenas hace unos días, la presidenta municipal autorizó una fiesta en su barrio a un cantautor, mientras que ciudadanos comunes siguen esperando permisos para eventos similares. Además, su negativa a retirar el árbol de navidad de una marca refresquera ha generado críticas por su abuso de autoridad, al ignorar la ley y desatender las indicaciones de autoridades superiores. Este comportamiento no solo demuestra un franco desacato, sino que también envía un mensaje preocupante a la ciudadanía: una autoridad que no respeta la ley no puede aplicarla.
La presidenta municipal parece haber olvidado que, en Guanajuato, “cuando estornudas en la presa, te dicen ‘salud’ en los pastitos”. No hay secretos que duren para siempre, ni abusos de autoridad que no tengan consecuencias. A catorce meses de su gobierno, es evidente que su administración ha priorizado la defensa de lo indefendible y la protección de intereses personales sobre el bienestar de la ciudadanía. Al tiempo.
