El tema más importante para el actual gobierno de México es la solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos para la detención provisional del Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia del estado de Sinaloa.
Lo es, porque se trata de los vínculos del crimen organizado con un gobernador en funciones y que pertenece a su movimiento político.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se encuentra en una encrucijada respecto a su relación con el gobierno de Donald Trump y su definición sobre las implicaciones del crimen organizado en la política mexicana.
LAS PRESIONES DESDE ESTADOS UNIDOS
Con la llegada del presidente Trump a la presidencia, la política antidrogas dio un giro muy importante, pasando a una política más combativa fuera del territorio de Estados Unidos considerando a los narcotraficantes: terroristas.
Esa política ha comprendido el ataque a embarcaciones que aparentemente trasladan drogas, la captura del presidente Maduro y la identificación de organizaciones presuntamente vinculadas a grupos de narcotraficantes.
En el caso de México ha implicado el ataque de embarcaciones en el pacífico, sobrevuelos de drones en territorio nacional, señalamientos de lavado de dinero a instituciones financieras, cancelación de visas a diferentes personalidades públicas y el señalamiento de políticos.
Ese ha sido el caso del gobernador Rubén Rocha Moya y nueve funcionarios públicos, entre los más sobresalientes se encuentran: Enrique Inzunza, senador; Gerardo Mérida, exsecretario de seguridad de Sinaloa y Juan de Dios Gámez, exalcalde de Culiacán.
Funcionarios estadounidenses han continuado declarando que todavía hay una lista de políticos vinculados al narcotráfico.
LA REALIDAD EN MÉXICO
En nuestro país desde hace mucho tiempo se ha aceptado que parte del crecimiento de los cárteles se debe a la vinculación con la clase política, de otra manera no se podría entender su proliferación.
Se tiene claro que la influencia del crimen organizado a nivel local es muy amplia por su capacidad de fuerza y poder financiero. Gobiernos municipales son muy susceptibles de ser infiltrados por grupos delictivos.
En el caso de los gobiernos estatales, aunque ha resultado más difícil probar sus vínculos, existen casos de gobernadores procesados como: Tomás Yarrington, Mario Villanueva, Roberto Sandoval o Jesús Reyna.
A nivel federal, el caso más emblemático ha sido el del exsecretario de Seguridad: Genaro García Luna; detenido y procesado en Estados Unidos.
Así que, los tentáculos de los cárteles tienen mucho tiempo moviéndose entre la clase política de nuestro país.
EL CASO DE LA 4T
En relación a la 4T desde un inicio pretendió darle un giro a la política de seguridad y se alejó de los conceptos de guerra, persecución o confrontación. Esto no dejó de generar polémica porque la actividad delictiva se mantuvo de manera significativa en varios estados: Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Jalisco, Guanajuato o Sinaloa y se extendió a otras entidades que no presentaban estos problemas, como: Tabasco, Chiapas o Campeche.
No se diga del número de homicidios y personas desaparecidas que se mantiene como unos de los principales problemas del país.
El caso particular de Sinaloa emergió con la captura y traslado del líder “El Mayo” Zambada a Estados Unidos en julio de 2024. El mismo narcotraficante en una carta describió que fue objeto de una trampa en el que estuvieron involucrados Rocha Moya y Joaquín Guzmán López en donde también fue asesinado Melesio Cuén.
Podríamos dudar de la palabra del capo, pero su versión posteriormente fue confirmada indirectamente por la Fiscalía General de la República de Gertz Manero y se desataría la guerra entre la Mayiza y los Chapitos en territorio sinaloense.
Posteriormente, vendría la solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que sería la puntilla final en la aparente relación del gobierno de Sinaloa con los cárteles de la región.
En todo este tiempo, los principales líderes de la 4T, incluyendo al expresidente López Obrador, han defendido contra viento y marea al gobernador de Sinaloa.
LA ENCRUCIJADA
Ahora la presidenta está en una de las encrucijadas más importantes de su administración. Todo parece indicar que Rubén Rocha Moya es una de las piezas más débiles en esta intrincada relación de los cárteles de la droga y la clase política. La confesión y cooperación de los narcotraficantes en Estados Unidos y la situación en el mismo Sinaloa no le favorecen. Ahora se agrega las detenciones de Gerardo Mérida, exsecretario de seguridad y Enrique Díaz, exsecretario de finanzas y seguramente buscarán cooperar con las autoridades estadounidenses.
Los argumentos que ha presentado la presidencia en que no es urgente su solicitud de extradición y que no han presentado pruebas de su responsabilidad son solamente para ganar tiempo ante una decisión inevitable.
La presidenta Claudia Sheinbaum tendrá que decidir entre entregar al gobernador y esto signifique un golpe brutal para la 4T o no lo entregue y cargue con las represalias de Estados Unidos en todos los aspectos y el estigma de encubrimiento.
