El debate nacional sobre la incidencia delictiva, y en especial de los homicidios dolosos, ha confrontado a todos los órdenes de gobierno, pero no se ha dado una propuesta de solución o de inicio de solución, que debería ser el tema vital de cara a la ciudadanía.
Los 134 mil asesinatos intencionales, en lo que va del sexenio, principalmente los que son de autoría de los grupos criminales, tendría que ser motivo de una convocatoria nacional para enfrentar el problema y que esto fuera el punto de quiebre para asumir otros temas de importancia.
En primer lugar, no existe un solo responsable en el tema de la inseguridad y la violencia, por lo que cada instancia tiene que asumir la suya en el ámbito de sus competencias constitucionales y estar dispuesto a colaborar en una cruzada nacional por el bien de nuestra nación.
Los informes sobre la situación al momento de la incidencia delictiva competen a las instancias federales porque concentran la información; tal es el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Como dijo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, no se pueden esconder las cifras, pero no se debe de calificar a las entidades federativas, con mayores números, como paraísos del crimen organizado.
Esto último fue lo que inició la confrontación y la reacción de los gobernadores de Nuevo León, Samuel García, y Jalisco, Enrique Alfaro, quienes argumentaron que estados gobernados por Morena tienen mayores índices en distintos delitos de alto impacto, además de homicidios dolosos.
Se debe de aceptar que es muy distinto el número total, en cada caso, y el índice que representa un número de hechos delictivos por cada determinada cantidad de habitantes, que pueden ser desde mil o 100 mil, dependiendo de la extensión territorial y su población.
En números totales de homicidios dolosos, a Guanajuato nos ponen en el primer lugar, pero si hablamos de índice, estamos en octavo y Colima que es de Morena pasa al primer lugar.
Pero en ninguno de los dos casos debe ser motivo de alegría porque hablamos de vidas humanas que se pierden por docenas y cientos cada día.
Don Augusto López no debería de reaccionar con ira porque su papel como funcionario, en ese puesto, es el de buscar consensos y sinergias para buscar e iniciar las soluciones.
Si la situación actual es por una herencia del pasado o si es por errores del presente, o si es una combinación de las dos cosas, no nos quita del problema a los ciudadanos.
La ciudadanía se convierte en una presa, en un rehén de la confrontación política, porque mientras se deshacen por culpar al de enfrente, en la República no cesa la delincuencia y no terminan las atrocidades y las muertes violentas de mexicanos, en donde se incluyen cada vez más a mujeres, adolescentes y niños.
La percepción ciudadana se fundamenta en la realidad que se vive y no se puede negar que Fresnillo ocupe el primer lugar, que Irapuato el segundo y Naucalpan de Juárez el tercer sitio, porque así lo opinan sus propios habitantes, de acuerdo a la encuesta del INEGI.
Es momento de una convocatoria nacional para unirse en la lucha y, en primer término, del Presidente de la República con los gobernadores de todos los estados, porque el crimen es un monstruo que pisa fuerte y nadie puede solo contra él.
No es momento de echar la bolita al otro, sino que es tiempo de asumir la competencia en cada caso e ir más allá de lo que le toca. El problema no se debe ver como ajeno y por territorio porque formamos parte de una sola nación. La unión hace la fuerza y es cuando debemos unirnos.
Quizá esta sea una voz que clama en el desierto, porque también es momento en que la ciudadanía levante la voz y exija soluciones a más de hacer la parte que nos toca, empezando por promover la paz, el amor y la solidaridad.
