Al comenzar esta semana se cumplieron ocho años de los trágicos hechos de iguala, en donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa. Es inevitable volver abordarlo porque se ha convertido en el caso de referencia para hablar de la crisis de justicia en México.
Es una herida todavía abierta por el dolor de los familiares que no han encontrado justicia para sus hijos. Aunque podemos ver a lo lejos estos acontecimientos, en una de las regiones más desiguales de México, la realidad es que cualquiera de nosotros puede terminar siendo víctima de un sistema de justicia con muchas deficiencias.
Esta crisis no es de ahora, pero lo más lamentable es que no se observan pasos para su superación. Para revisar la crisis retomemos algunos de los subsistemas que componen el sistema de justicia en México:
PREVENCIÓN DEL DELITO.
Desde que nos enteramos de los acontecimientos de Iguala, supimos que las instituciones responsables de la prevención del delito estaban coludidas con las organizaciones criminales. En lugar de reducir el riesgo y la probabilidad de ocurrencia de estos hechos delictivos se convirtieron en responsables. Más severa es la crisis cuando se llega a la parte del ejército, una de las instituciones con mayor credibilidad, que estuvo al tanto de los hechos en Iguala y no hicieron nada para impedirlo. Todavía hasta hoy se discute la implicación que tiene el ejército en los hechos del 26 y 27 de septiembre.
En una gran cantidad de municipios el país podría ocurrir lo mismo porque las policías locales se encuentran bajo amenaza o directamente involucrados. Es una situación de la que poco se informa en los medios de comunicación ni de la depuración de los cuerpos policiacos para poder considerar un progreso o retroceso.
PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
Pasamos al subsistema que más cuestionamientos recibe porque el nivel impunidad en nuestro país es altísimo. En el 2017 de acuerdo con México Evalúa, a nivel nacional el porcentaje de impunidad era del 87.3%. Ahora las llamadas fiscalías autónomas son las instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de la ley y la persecución de los delitos, pero todavía están lejos.
En el caso de Ayotzinapa el sistema de procuración de justicia ha dado diferentes versiones, manipulado información y caído en contradicciones. No es nuevo y tampoco extraño, pero es muy lamentable que las instituciones que debieran manejarse con mayor objetividad y elementos científicos no puedan realizarlo.
Al día de hoy existen serios cuestionamientos a la Fiscalía General de la República por la forma de proceder sobre algunas órdenes de aprehensión y con la renuncia del fiscal para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, la evaluación empeora.
Con el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa parecía haberse dado un paso importante, pero hoy es objeto de cuestionamientos y se desconoce el rumbo que tendrá cuando desde el interior del gobierno ha sido filtrada a los medios de comunicación la versión no testada que podría afectar el proceso.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
Ahora también el poder judicial comienza a tener un papel importante por su tarea de aplicar las leyes, juzgando y haciendo cumplir lo juzgado.
Sus primeras acciones han sido cuestionadas por seguidores del propio gobierno federal al dejar en libertad a algunos de los señalados como responsables. Es un hecho que serán objeto de la presión presidencial; sin embargo, tendrán que hacer valer su autonomía.
El poder judicial no ha estado exento de cuestionamientos por los virajes o discrepancias de criterio para mantener en prisión a cientos de pobres o dejar en libertad a personajes relevantes de la vida pública.
POLITIZACIÓN.
Por último, tenemos que retomar la politización que repercute en los subsistemas anteriores y se da cuando los gobernantes y en general los políticos en lugar de trabajar para que las instituciones mencionadas cumplan con su función se han dedicado a intercambiar señalamientos y repartir culpas.
Parte de esta politización es la información filtrada a los medios de comunicación y la discusión se desvía de lo importante. Como señala el Centro Prodh: “Recordemos que ante filtraciones debe indagarse a las autoridades que actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor, no a la prensa”. Se generó toda una discusión en redes sociales por la publicación de una columna de la periodista Peniley Ramírez cuando se debió haber exigido a las autoridades.
Lo que es un hecho es que al actual gobierno de izquierda el caso de Ayotzinapa se le ha descarrilado. Encinas sostiene que fue un crimen de Estado, renuncia el fiscal por desacuerdos, los padres de los estudiantes están inconformes, el secretario de gobernación exculpa al ejército y el presidente ofrece declaraciones que no definen claramente la posición de su gobierno.
Toda esta semana ha existido una fuerte discusión sobre el caso Ayotzinapa, pero pocos avances para llegar a la justicia.
