Una de las banderas que desplegó el alcalde Héctor López Santillana, fue el combate frontal a la corrupción.
Hoy en día, se presentan actos de corrupción dentro de la administración municipal, y el presidente municipal, ni se inmuta, pareciéndole indiferente esos hechos que dañan, de una manera u otra, pero que tienen un nivel de impacto muy alto y por debajo de la línea de flotación.
Debemos recordar que, la sociedad, se ha manifestado, en el pasado, en más de una ocasión y de varias maneras: Siendo la más representativa, la del pasado julio, cuando la elección se decantó por este factor, la corrupción.
Es por éste motivo, que llama poderosamente la atención, que, ante los actos denunciados y plenamente documentados de corrupción, dentro de la administración municipal, el presidente no haya actuado de manera más tajante, fuera de su grisácea acción diaria.
Tenemos el primer caso, el supuesto fraude por 8.7 millones de pesos, cometido por empleados de muy bajo nivel, con movimientos a las cuentas catastrales, con una autorización poco usual y sospechosa, para los niveles de los supuestos inculpados.
Ante, esto, la fracción del PAN solo salió a decir que no se dudaba de la actuación de alguien más, y que se detectó gracias a una labor, que nunca se explicó ni se entendió de quién. Y que se procedería en la denuncia penal.
Por cierto, nada ha cambiado desde entonces; solo las hojas del calendario del Contralor municipal, quien no atinó en decir qué haría, quiénes serían los posibles inculpados, y qué fue lo que pasó realmente.
Las personas, que erróneamente fueron separadas de su cargo, terminarán ganado el juicio laboral por despido injustificado, y sin ser declarados culpables por nada. Es más, quizá ni a juicio penal lleguen. De estas cosas, no hay la menor duda.
El siguiente tema expuesto públicamente, fue el asesor a distancia de Vanessa Montes de Oca. Quien, por cierto, representa al PRI, y que no entendió lo grave del asunto. Ya que pretendió justificar que consulta a su asesor “a distancia”, que no requiere de tenerlo físicamente. Segundo, tampoco entendió que el partido político del que se dice afiliada, y representa; fue quien pagó las altas cuentas, por corrupción, que condenó la sociedad.
Lo grave de éste caso, es que ni el presidente municipal, ni el contralor, ni nadie, ha tomado cartas en el asunto, por la gravedad del acto que significa el falsificar firmas, y lista de asistencia laboral. Es este hecho lo que debe ser atacado sin recato alguno. No debe tener la regidora del PRI, condescendencia ante la corrupción que ella hizo. La autoridad municipal, al solapar, o no tomar acciones al respecto, se convierte en cómplice de la regidora.
Pregunta al PRI ¿Cómo pretende ese partido refundar sus principios, decirle a la sociedad que aprendieron la lección, si no condenan el acto de corrupción de una joven mujer, que los representa en el Ayuntamiento de León?
El tercer y más grave de los casos, es la denuncia pública de enriquecimiento ilícito del director de Desarrollo Urbano Carlos Cortés Galván.
Ante la notoria exposición de la construcción de una casa habitación, muy por encima de su capacidad financiera que le da su sueldo; pretende justificarlo de burda manera, con cuentas de costos inverosímiles, y con la exhibición de un permiso, por cierto, vencido, de construcción.
La exposición de este permiso, lo hace en reacción a que la misma investigación periodística, exhibe que no cuenta con ello. Increíblemente, el director, no desmiente, sino acepta como suya la construcción, y hace malabares de cifras ridículas, y pone sobre la mesa documentos vencidos, qué son propios de los que él debe cuidar su vigencia para con las construcciones en la ciudad.
¿Cómo es posible que un director de desarrollo urbano, no actúe con el ejemplo en cuanto a cumplir con la normativa? ¿Cómo es posible a que el director de desarrollo urbano tenga niveles de ingresos muy por encima de su sueldo, sin ser cuestionado? ¿Volvió la “cloaca” (Ricardo Sheffield dixit) a ese departamento?
Pero, lo peor, ni Héctor López, ni el contralor, ni los Síndicos, menos los regidores del PAN, se molestan con declarar, mucho menos llamar a cuentas al director; y tomar medidas ejemplares contra él.
Lo que permita el presidente municipal, que hagan sus subalternos, será lo que cargue él como fama. Nadie más lo hará. Si no le importa su prestigio, debería, por su envestidura, hacer cumplir la ley y tomar medidas radicales contra quien sea corrupto y no cumpla con su ejemplo, la responsabilidad del cargo que ostenta.
En León, estamos cansados de padecer el peor cáncer social, la corrupción. Increíble que haya aún, quien la tolere. Sr Presidente Municipal ¿Debe permanecer en su cargo un director que violenta, en su actuar personal, la normativa que dice cuidar?
